En los últimos años, la Institución del Justicia de Aragón viene percibiendo una creciente preocupación de la sociedad, reflejada a través de los medios de comunicación, por el aumento de la conflictividad en el ámbito escolar, en general, y el acoso entre menores, en particular. A esta sensibilidad, se unen las quejas recibidas en la Institución sobre casos de acoso, un total de 24 en los últimos cinco años y las denuncias de profesores que se sienten indefensos, impotentes e incapaces de ejercer su labor educativa.
Estas razones han motivado por parte del Justicia un interés constante por el tema que ha quedado plasmando en varias Sugerencias, así como en foros especializados, incluyendo un Taller de Defensores del Pueblo celebrado hace un año en Barcelona y finalmente, este Informe Especial que recopila y amplia la labor realizada hasta el momento y tiene por objetivo contribuir a prevenir, detectar y resolver situaciones de acoso en los colegios.
Para ello, es importante definir el concepto de acoso escolar para evitar mal interpretaciones, tanto por exceso, y calificar como acoso entre iguales enfrentamientos entre familias sobre todo en el medio rural, como por defecto, cuando se trata de un problema menor como riñas o pelas entre alumnos parecidos. Según el Informe, las características del acoso escolar son, entre otras, el maltrato continuado físico y psicológico, el menosprecio, la ridiculización de la víctima y el desequilibrio entre acosador y acosado.
Por otro lado, a las formas tradicionales de acoso verbal, físico y psicológico, se ha unido en los últimos tiempos el acoso mediante el empleo de nuevas tecnologías, también llamado ciberbullying, que consiste en el uso de Internet y del correo electrónico para difundir injurias, insultos, fotos, videos humillantes, etc.
En cuanto a las posibles causas del aumento del acoso escolar, el Informe destaca la trivialización de la violencia, en parte debido a una exposición constante a contenidos violentos a través de la televisión, los videojuegos, Internet, etc.; cambios sociales acompañados de pérdida de valores como el respeto a los demás, la autodisciplina o la satisfacción por el trabajo bien hecho; intolerancia a la frustración y, en algunos casos, patologías mentales que se manifiestan a través de conductas violentas.
Según el Informe del Justicia el retrato del acosado es el de un menor débil, con escasa autoestima, indefenso, introvertido e inseguro. Estas características refuerzan la necesidad de evitar el aislamiento del menor mediante su integración, por ejemplo, en deportes de equipo. Por otro lado, los acosadores suelen ser alumnos conflictivos, dominantes y agresivos. Con frecuencia, han sido víctimas de malos tratos o han crecido en un ambiente hostil con falta de cariño. En contra de lo que pudiera parecer, también son inseguros y por eso buscan aliados que les consideren líderes.
La puesta en marcha de las medidas preventivas que apunta el informe requiere la implicación de toda la comunidad educativa y su implantación en las primeras etapas de la enseñanza. El primer paso es una apuesta clara por la educación de los alumnos en valores cívicos y éticos, en el respeto a las normas de convivencia y en la tolerancia cero a la violencia. También es necesaria una adecuada formación del profesorado para que pueda detectar y actuar ante situaciones de riesgo, así como reforzar su autoridad en la labor ordinaria. En cuanto a la Administración educativa, y sin vulnerar el derecho a la elección de centro, debe procurar que no se concentre en un mismo colegio un elevado número de alumnos conflictivos.
En la prevención, el papel de las familias es insustituible para transmitir aquellos valores que contribuyan a establecer una relación positiva con los demás: la responsabilidad, la cooperación, la tolerancia y el rechazo a cualquier tipo de violencia.
En este sentido, el Informe sugiere potenciar las escuelas de padres y desarrollar campañas de concienciación y también sobre los riesgos del uso indiscriminado de videojuegos e Internet. En otro orden, también sugiere estudiar la presencia de jóvenes en los colegios, que de forma más próxima a los alumnos, ejerzan un cierto tipo de apoyo y supervisión en las situaciones conflictivas.
¿Cómo actuar ante una situación conflictiva? El Informe destaca la necesidad de dar una respuesta inmediata, ya que la demora de las sanciones hace que pierdan efectividad y de que exista coordinación entre Administración, profesores y dirección del centro en la decisión o sanción que deba adoptarse. También sugiere modificar el régimen de sanciones y que en lugar de expulsar al alumno conflictivo del centro se le imponga una mayor permanencia en el mismo. En último extremo, el Justicia propone estudiar el cambio de centro del alumno del agresor o agresores con el fin de dispersar al grupo de alumnos violentos y evitar una doble victimización del menor agredido.
Finalmente, el Informe Especial elaborado por el Justicia hace un llamamiento a la responsabilidad de los medios de comunicación como formadores e informadores.