El grupo de investigación en Salud Mental en Atención Primaria coordina un proyecto científico internacional para desarrollar métodos que prevengan los riesgos psicosociales en los docentes de Educación Secundaria. Grupos desmotivados o deterioro del respeto entre profesor y alumno pueden convertirse en una fuente de estrés para los profesores.
El estrés laboral en el ámbito educativo se muestra como la segunda causa de baja laboral en Europa y constituye uno de los principales factores de riesgo de padecer trastornos físicos y psicológicos, además de afectar al rendimiento, al estado de ánimo y al deterioro de la calidad de vida. El personal sanitario, junto con el de educación, son dos de los sectores más afectados por patologías derivadas de los riesgos psicosociales.
Primeros datos en fase de evaluación científica
Este proyecto científico dirigido desde Aragón involucra a psicólogos, profesionales de diversas áreas de medicina y de ciencias de la educación de Universidades de Portugal, Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Turquía, Rumania, Suiza, Irlanda, Argentina y México. Está dirigido por el psicólogo e investigador Santiago Gascón.
En la actualidad está en fase de evaluación inicial en los distintos países y ha encontrado un aspecto común: el profesorado de Secundaria tiene como principal fuente de estrés la sobrecarga laboral (excesivas tareas y responsabilidades, demasiado número de alumnos, etc...)
Otras fuentes, como la falta de reconocimiento social por parte de los padres o de los propios alumnos; y el deterioro o el conflicto de valores, predijeron un mayor porcentaje de agotamiento y de despersonalización en el profesorado.
Estos aspectos fueron comunes en la mayoría de los centros evaluados en países tan distintos como España, Reino Unido o Rumania. Otro dato coincidente es el de que los índices de despersonalización, con la pérdida progresiva de implicación, fueron mayores que los encontrados en otros sectores profesionales.
Las recomendaciones de la Unión Europea son precisas sobre la necesidad de prevenir este problema, pero no existe una unidad legislativa en los países miembros. En España, por ejemplo, únicamente se exige su evaluación, sin la obligación de intervenir sobre los riesgos encontrados.