Los recortes en la Ley de la Dependencia entran en vigor este miércoles, 1 de agosto. Lo hacen pese a las numerosas protestas y reivindicaciones de la marea naranja y los colectivos de dependientes. Rechazan la implantación del copago para las personas dependientes y la reducción de las ayudas que marca el Gobierno central. 

Entre los nuevos cambios está la reducción de un 15% en las ayudas a los cuidadores familiares y que no puedan cotizar en la Seguridad Social. Además, los dependientes se clasifican en tres únicos grados: gran dependiente, dependiente severo y dependiente moderado.  

El copago podría alcanzar el 90% del precio del servicio. Los derechos de los dependientes también se reducen. Pueden pasar tres años hasta que personas con discapacidad moderada puedan acceder al sistema y dos hasta que puedan reclamar los pagos atrasados de la Administración. 

Sin embargo, según Santiago Villanueva, presidente de CERMI-Aragón, siempre han apostado por la prestación de servicios en lugar de las ayudas económicas. La idea es conseguir la autonomía personal y retrasar en lo posible la dependencia.