Riegos del Alto Aragón rechaza la visión de Hidro Nitro sobre los caudales ambientales del Cinca

La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón ha pedido comparecer ante la Comisión de Comparecencia y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón para rechazar la visión de Hidro Nitro sobre caudales medioambientales y disentir sobre la preferencia de los derechos concesionales del entramado hidroeléctrico.

En una nota, los regantes disienten de los argumentos presentados por el Comité de Empresa de Hidro Nitro S.A con respecto a los derechos concesionales preferentes a la hora de la renovación de las concesiones de su entramado hidroeléctrico y su cuantía. Entendiendo que desde la promulgación de la ley de 7 de enero de 1915, Riegos del Alto Aragón constituye un aprovechamiento prioritario, cuestión que debe ser tenida en cuenta a la hora de abordar el complejo entramado concesional que constituye el tramo del río Cinca comprendido entre los embalses del Grado y Barasona, y el puente de las Pilas.

Además, rechazan los argumentos presentados por dicho Comité en relación a la implantación de los caudales ambientales en el río Cinca. Argumentos que proceden de una visión particular y sesgada que mantiene desde hace tiempo la empresa Hidronitro S.A. sobre la contribución que el río Ésera debe hacer al caudal ambiental del río Cinca, del que es tributario y como tal debe ser considerado.

No obstante, entienden la compleja situación que atraviesan los trabajadores de Hidro Nitro Española S.A y sus familias, derivada de la unión de varios factores que han conducido a una disminución de la rentabilidad de la empresa. A la vez que comprende los esfuerzos de los trabajadores por mejorar la viabilidad de la misma como medida anticipada a decisiones empresariales. Sin embargo, la situación empresarial y laboral, no puede ser excusa para no abordar con rigor el sentido de cada una de las reclamaciones planteadas.

Por último comparten como entidad altamente consumidora de energía a la vez que productora, las dificultades sobrevenidas por los cambios en la política energética estatal, así como los derivados de la aplicación de nuevos gravámenes, tanto estatales como autonómicos, que dificultan seriamente las actividades económicas. Entendiendo que cualquier solución que se dé a esta problemática no puede proceder de la discrecionalidad de caso particular, si no del estudio meditado del conjunto de sectores y afecciones que la implantación de dichos impuestos está produciendo.