El mito del Pacto del Agua de 1992

Miguel Solana

Presidente de la Asociación Río Aragón

Teniendo como estratega en la presidencia de la CHE al condenado por corrupción Antonio Aragón, el 30 de junio de 1992 las Cortes de Aragón aprobaron el llamado Pacto del Agua. Para contextualizar la fecha es bueno recordar los planes trasvasistas de Josep Borrell entre 1991 y 1996. La previsible oposición de Aragón debía ser neutralizada y para ello nada mejor que un “barra libre” a todas las obras y reservas estratégicas que desde aquí se pidieran. Así lo hizo, el no por corrupto menos inteligente, Antonio Aragón y así fue ratificado el documento resultante, entre alborozos, en aquella señalada fecha. Tan rápido querían ir que en diciembre de ese mismo año 1992 las obras importantes incluidas en el acuerdo de Cortes eran declaradas de interés general y proclamada la urgencia de su ejecución, amparándose en una sequía que aquel año había hecho estragos. A los 25 años se ve que la urgencia no era tal.

El Pacto del Agua llevaba en sus entrañas auténticas bombas de relojería que, inexorablemente, con el tiempo terminaron asomando y en algunos casos estallando. En primer lugar el pacto, habrá que preguntarse entre quién lo era, ignoraba absolutamente la parte sufriente del plan. La montaña aragonesa y otros territorios periféricos que habrían de sufrir lo nuevos embalses era totalmente ignorados, al tiempo que quienes debían ser sus valedores políticos callaban y traicionaban los intereses de los territorios a los que supuestamente defendían. Una vez más se exigía sacrificios a quien más necesitado estaba de ayuda. La respuesta es bien conocida y concluyó con un movimiento de oposición frontal que se aglutinó bajo el lema de “por la dignidad de la montaña”. La segunda bomba la constituía la filosofía que destilaba el plan de obras. Respondían a los viejos principios de comienzos del siglo XX y, por lo tanto iban, en sentido contrario a los nuevos criterios medioambientalistas que terminaron cuajando a nivel europeo en la directiva marco aprobada en el año 2000. Era un plan del pasado y en ese sentido nacía muerto. Pero además de todo ello, y lo más importante, era que incluía los grandes embalses que posibilitarían en el futuro el trasvase del Ebro. Repartido ya el pastel de las aguas reguladas en aquella fecha, las nuevas concesiones trasvasistas requerían de nuevos almacenes que sirvieran de pretexto para tal fin. Los embalses de la margen izquierda y Yesa en particular deben ser contemplados desde esta óptica y no otra. Una vez construidos la vía libre a los derechos y negocios se abría, e independientemente de que hubiera agua o no, la bola del negocio especulativo se ponía en marcha para generar pingües beneficios en lejanas tierras del Levante. En periodos de escasez enviar hacia uno u otro lado el agua disponible dependería de una llave que, instalada en Madrid, se sabe los intereses que pondría primero. Algunos jerarcas de los grandes sistemas de riego, con derechos concesionales a su nombre, ya se frotaban las manos pensando que a ellos les llegarían algunas de las migajas que cayeran de tan suculentos negocios.

Eran de tal calibre las bombas que en su seno albergaba el Pacto del Agua que, en una u otra medida, todas terminaron estallando convirtiendo aquel plan en papel mojado. Mientras tanto y durante 25 años no se ha abordado una planificación inteligente de los recursos hídricos en Aragón y la Cuenca del Ebro, pero para muchos políticos y tertulianos, bastante incompetentes en la materia, ha resultado muy útil como justificación a preguntas incómodas el mantra de “está en el pacto del Agua”. Otro día hablaremos de qué hay a fecha de hoy de aquella mala siembra.

El fracaso del Pacto del Agua de 1992 (II)

El Pacto del Agua, aprobado en 1992 por las Cortes de Aragón, nació condenado al fracaso como se ha demostrado después de 25 años de su aprobación. Eso sí, ha impedido una reflexión moderna y de futuro sobre qué hacer con nuestros recursos hídricos y sus usos al tiempo que, aprovechando una visión decimonónica redentora del secano instalada en la conciencia colectiva aragonesa, ha dado jugosos réditos políticos a la formaciones mayoritarias PP, PSOE, PAR. Estas formaciones, lejos de impulsar nuevos modelos, han seguido acrecentando mitos imposibles y engañando sobre las posibilidades reales de muchas de sus propuestas.

Un rápido repaso sobre lo planteado en el Pacto del Agua nos indica que estaba trufado de embalses inútiles que tan sólo han servido para generar pingües beneficios a sus constructoras. En esta relación se hallan El Val, Montearagón o La Loteta. La utilidad del de Lechago está por demostrar y, afortunadamente, Torre del Compte quedó descartado. Mientras Mularroya ha sido reiteradamente desestimado por la Audiencia Nacional y tan sólo una tramposa utilización de la legislación, que genera enorme desconfianza en la Justicia, ha permitido la continuidad de las obras

Respecto de los grandes ríos de la margen izquierda contemplamos que en el Cinca el embalse de Jánovas, historia de dolor crudo, fue descartado por una DIA negativa. El embalse de Santaliestra tuvo una sentencia de la Audiencia Nacional declarándolo ilegal y posteriormente fue sustituido por el embalse de San Salvador en el propio sistema de Canal de Aragón y Cataluña. En el río Gállego ha aparecido un nuevo embalse de Almudebar no contemplado en el Pacto del Agua, al propio tiempo que el embalse de Biscarrués, tres modificaciones después de lo contemplado en el pacto, ha sido anulado por la Audiencia Nacional.

La joya de la corona de las regulaciones del Pacto del Agua, las que de verdad interesaban al entonces presidente de la CHE Antonio Aragón, se halla en el río Aragón. El recrecimiento de Yesa, junto con el navarro de Itoiz finalmente construido a pesar de haber sido anulado repetidamente por los tribunales, es la muestra palpable del despropósito al intentar hacer un embalse capaz de regular mucha más agua de la que el río, normalmente, es capaz de aportar y lastrado por problemas de seguridad irresolubles. A la luz de lo visto en la sentencia de Biscarrués su declaración de utilidad pública, su contravenir lo dispuesto en la normativa europea tras la directiva marco o lo endeble de su declaración de impacto ambiental, debieran abocarlo a una sentencia del mismo sentido. En ello estaremos.

A la vista de los ocurrido en estos 25 años y tras haber hecho oídos sordos a quienes advertíamos de lo que podía ocurrir, la clase política aragonesa debiera dar por muerto el Pacto del Agua, encerrar con 7 llaves su vieja filosofía y abordar de forma inteligente y de acuerdo con la legalidad europea, que aunque algunos parezcan no quererlo entender nos obliga, un nuevo horizonte para nuestros ríos y masas de agua. Aragón no es sólo regadío, afortunadamente es mucho más.