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Aprobado el informe de fiscalización de las cuentas anuales de la Universidad de Zaragoza en 2016

La Cámara de Cuentasde Aragón expresa una opinión “favorable”, acompañada de una serie de “salvedades” y recomendaciones

Edificio del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza
Edificio del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza


La Cámara de Cuentas de Aragón considera que las cuentas anuales de la Universidad de Zaragoza en 2016 expresan “la imagen fiel de patrimonio y de la situación financiera de la entidad”, en el ámbito de la auditoría financiera, mientras que, en relación con el cumplimiento de legalidad, las áreas analizadas resultan conformes, en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable. Esta “opinión favorable”, no obstante, viene acompañada de una serie de “salvedades” y de un total de hasta siete recomendaciones para mejorar la gestión de la institución académica.

Este trabajo, que analiza minuciosamente una estructura compuesta por setenta y nueve unidades, entre facultades, departamentos, institutos de investigación y demás centros e instalaciones, fue presentado en las Cortes de Aragón el pasado martes para iniciar su pertinente tramitación parlamentaria, después de que fuera incluido en su día dentro de las prioridades marcadas por la institución legislativa aragonesa. A su vez, como es preceptivo, también ha notificado al rector de la Universidad, responsable de la entidad fiscalizada, y al presidente del Gobierno de Aragón, al ostentar la Comunidad autónoma la competencia en materia de universidades.

Tal y como se ha indicado, la Cámara de Cuentas, también ha realizado el seguimiento de las incidencias detectadas en anteriores fiscalizaciones, cuyo resultado se expone en las distintas áreas del informe, plantea siete propuestas para mejorar los desajustes detectados. En este sentido, cuatro de estas recomendaciones abordan el ámbito financiero, y van desde la solicitud de evitar el sobredimensionamiento de los ingresos a, por ejemplo, priorizar un registro de las obligaciones reconocidas financiadas con recursos afectados.

Las otras tres cuestiones se centran en la necesidad de reforzar el papel del control financiero en áreas como la de personal, con una especial atención al cumplimiento de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que, según el informe, requerirá “introducir un sistema de control horizontal de todos los gastos y contratos realizados por todos las unidades de gasto” con el fin de “minimizar el riesgo de descoordinación”.

Desde un punto de vista cuantitativo, la parcela de la auditoría financiera, que como se ha apuntado expresa una “imagen fiel” de los aparatados analizados, ofrece tres “incorrecciones”, que incluyen una sobrevaloración en los ingresos procedentes, en particular, del Estado, sobre todo, por becas y compensaciones, la ausencia de “provisión alguna” para los compromisos asumidos por el Plan de Jubilaciones Incentivadas y diversas incidencias en relación al inmovilizado. Desde la perspectiva del cumplimiento de legalidad, la otra gran materia de análisis de este tipo de informes, los “incumplimientos” son dos, y se dirigen hacia las áreas de personal y de contratación, en cada caso.

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