Aragón y Castilla La Mancha encabezan la propuesta de una nueva PAC que priorice al agricultor profesional
El consejero Olona aboga por una Política Agraria Común que apueste por "una agricultura con agricultores"
Los Gobiernos de Aragón y Castilla-La Mancha han elaborado un protocolo que recoge la posición compartida de ambos en lo que debe ser la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC), de cara a la defensa de los intereses que para sus respectivos territorios representa una adecuada aplicación de los mismos en sede de negociación europea por parte de las autoridades del Estado.
El consejero Olona ha señalado que "el convenio apuesta por una agricultura con agricultores" y para ello se hace "imprescindible una reforma en profundidad y en serio de la PAC, que beneficie a los agricultores profesionales y permita la conservación del modelo familiar". Asimismo, ha añadido que "el futuro de las zonas rurales pasa porque las ayudas se decidan de forma justa y eficaz", y recordaba que Aragón y Castilla La Mancha forman parte de la España interior, con un grave problema de despoblación.
Ambas Comunidades coinciden en que los pagos directos deben seguir siendo una parte esencial de la PAC, de conformidad con las obligaciones establecidas en el Tratado de la UE, y rechazan que los pagos directos tengan que ser cofinanciados por los Estados miembros, tal y como apuntaba la Comisión Europea en la Comunicación.
Los consejeros coinciden en que el modelo de agricultura español debe centrarse en el mantenimiento y creación de explotaciones profesionales y de carácter familiar, y en el apoyo a los jóvenes y a las mujeres que deseen incorporarse al campo a fin de crear un tejido sostenible que impulse el crecimiento poblacional y socioeconómico del medio rural. Por otra parte, consideran que los niveles de renta en la agricultura están aún lejos de igualarse con los del resto de sectores económicos, resultando imprescindible alcanzar una convergencia real entre las rentas de la agricultura y del resto de sectores productivos. Se persigue así una justa retribución del conjunto de la sociedad a todos los valores alimentarios, medioambientales, paisajísticos, culturales y de sostenibilidad, innovación y vertebración social y territorial brindados por la agricultura y la ganadería.
Este modelo de agricultura que defienden ambos consejeros supone poner el foco en los siguientes principios: supervivencia del modelo de agricultura familiar en coexistencia con otros modelos de carácter profesional, relevo generacional, dimensión social de la agricultura, lucha contra la despoblación, protección del Medio Ambiente, seguridad y calidad alimentaria, dieta mediterránea, fortalecimiento de la posición del agricultor y ganadero en la cadena alimentaria, y atención al consumidor y contribuyente.
El protocolo será enviado al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, así como a las consejerías competentes en materia de agricultura de las restantes Comunidades Autónomas con el ánimo de impulsar un debate nacional que contribuya a definir la posición de España en las correspondientes negociaciones en el contexto comunitario. La duración del protocolo es de cuatro años.
