Beamonte: “Aragón es un candado de seguridad para España, y Lambán ha cedido la llave a los populismos y a los nacionalismos”

“Aragón es un candado de seguridad para España, y lo que hace el presidente del Gobierno de Aragón con esta ley es ceder la llave a los populismos y los nacionalismos en algo tan serio como es la unidad de nuestro país”, afirmó esta mañana Luis María Beamonte tras presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso a la Ley de actualización de los derechos históricos de Aragón, aprobada el pasado 28 de junio en las Cortes regionales.

Ante las puertas del Alto Tribunal, Luis María Beamonte afirmó que el texto promovido por PSOE y CHA “no tiene más misión que contentar a los socios del Partido Socialista en el Gobierno de la Comunidad Autónoma, de Chunta Aragonesista; que satisfacer a sus pseudosocios de Podemos, y vestirse de un aragonesismo fingido que precisamente no es lo que tienen”, y añadió que la ley es “una vulneración evidente de conceptos fundamentales” al hacer prevalecer los derechos históricos de un territorio sobre la Constitución española.

Una ley a conveniencia de PSOE, CHA y PODEMOS 

El pasado 28 de junio PSOE y CHA, con el respaldo de Podemos, Izquierda Unida y el PAR, aprobaron en las Cortes de Aragón la conocida como Ley de Derechos Históricos. Ya entonces los populares denunciaron que el voto afirmativo del PSOE a una norma marcadamente inconstitucional y anti estatutaria, como así lo advirtieron los letrados de la Cámara regional, era el pago de Lambán a CHA por el apoyo de los nacionalistas al Ejecutivo autonómico. Una factura ejecutada, aseguró el PP, contra algunos principios básicos del Estatuto de Autonomía de Aragón que a partir de ese momento quedaba vulnerado, sin que los socialistas hicieran nada por impedirlo.

Con la nueva ley el Gobierno de Lambán podrá modificar la denominación de la Comunidad Autónoma y el escudo de Aragón, además le permitirá ejercer el reconocimiento legal de la identidad política, institucional y jurídica propia e ‘independiente’ del pueblo aragonés, la potestad para poseer un régimen financiero propio así como una Hacienda foral y a elevar los derechos históricos por encima de la Constitución. La norma también modifica las competencias aragonesas en la Ley de aguas, cambia la participación de la Comunidad Autónoma en el Archivo de la Corona de Aragón, elimina los elementos de lealtad institucional con el Estado y de convivencia para sustituirlos por la bilateralidad,