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CHA aboga por la gestión pública de la energía en Aragón y la reversión de 14 concesiones hidroeléctricas

Nueve concesiones de ellas se encuentran en el Alto Aragón, siendo fundamental su mantenimiento según Joaquín Palacín, presidente de CHA

Chunta Aragonesista – Alto Aragón valoraba este viernes la continuada subida del precio de la luz y las escasas reversiones de los saltos hidroeléctricos sufridas en el territorio durante los últimos años. Una situación que consideran "abusiva" e "insostenible" para los aragoneses, pues hace peligrar la economía de familias y comercios sin recibir ninguna compensación.

Y es que consideran que la reducción del IVA no ha sido suficiente para reducir la problemática. Joaquín Palacín, presidente de CHA, explicaba que "el mercado energético es un mercado oscuro, opaco para saber los costes reales" que solo provoca "machacar a las familias".

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En otras palabras, insistía en que "vemos cómo el acceso a un bien básico se encuentra supeditado a los grandes poderes eléctricos". Una situación que se agrava en Aragón debido a la producción de energía hidroeléctrica que soporta. Así, desde CHA proponen una reversión de 14 concesiones que caducarán en 2027, nueve de ellas en el Alto Aragón y, por supuesto, que "se tenga en cuenta al territorio" y "se compense a los pueblos con obras hidráulicas".

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Estas son Baños de Panticosa, Argoné, Auxiliar de Lafortunada, Canal de Piñana, pantano de Barasona, salto de El Ciego, Morana, Morca y La Requijada, que se suman a las cinco ya caducadas de Barrosa y Urdiceto, en Bielsa; El Pueyo de Jaca, en Panticosa; Lafortunada-Cinqueta, en Tella-Sin, y Campo, cuyos expedientes se encuentran ya en marcha o concluidos, explica.

El presidente de CHA recordaba que las Cortes de Aragón aprobaron en abril de 2016, sin votos en contra, “abogar por recuperar estas centrales hidroeléctricas para hacer justicia territorial con los municipios y comarcas”. Para CHA, esta "justicia territorial" pasaría por recuperar la Soberanía Energética del territorio, consiguiendo "una disminución del precio de la electricidad, un mayor control público de las emisiones de CO2 y de la gestión del agua, y un mayor control sobre el precio de la energía".

 
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