CHA recuerda que los beneficios de las centrales hidroeléctricas deben revertir en el territorio

La central hidroeléctrica de Barrrosa, situada en el municipio de Bielsa, junto a la A-138, volverá a producir los 3,6 megavatios de energía-año a partir de esta semana, después de estar casi 20 meses parada tras revertir al Estado.

Joaquín Palacín, portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, recuerda que “junto a la central de El Pueyo de Jaca y la Auxiliar de Campo, será la tercera que asume la CHE tras finalizar la concesión de 75 años, de forma temporal, por lo que ahora es fundamental que la redacción de las condiciones para la concesión a largo plazo de la explotación de las centrales hidroeléctricas contemplen medidas de restitución y de compensación para las zonas cedentes, en este caso para el municipio de Bielsa y la Comarca de Sobrarbe”.

Para Palacín, “es necesario hacer valer ante el Gobierno de España la voz unánime de las Cortes de Aragón, que aprobaron un acuerdo para que los territorios afectados por saltos hidroeléctricos sean los primeros beneficiarios de estos aprovechamientos hidráulicos”. “No vamos a aceptar que en las nuevas concesiones no se contemplen medidas de compensación a los municipios que soportan la servidumbre del uso del territorio y sus recursos, los tiempos del colonialismo económico promovido por el Gobierno de España deben de formar de forma inexcusable, del pasado”, expresaba.

El portavoz de CHA recuerda que “hasta el momento el Gobierno de España no solo se opone a que los municipios puedan participar en la gestión de estas centrales, o a recibir parte de los rendimientos de la nueva explotación, ni siquiera posibilita que las gestionen las confederaciones hidrográficas, por lo que una vez más los aragoneses y aragonesas ponemos los recursos y los beneficios se van fuera, no se defiende el interés general y se cierra la puerta a la gestión pública”.

Por otro lado, recuerdan, al pasar las centrales aunque sea temporalmente a manos del Estado los municipios dejan de percibir una parte de los impuestos que ingresaban en sus arcas, concretamente el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), ya que las administraciones están exentas de este tributo. “Por ello solicitamos al Gobierno de España limitar la reversión a los elementos patrimoniales del dominio público hidráulico, correspondiendo a los ayuntamientos las instalaciones situadas en montes de utilidad pública de propiedad municipal, y que modifique la normativa del IAE para eliminar la exención en el supuesto de reversión de las centrales hidroeléctricas con el objeto de que los ingresos de las entidades locales no se vean mermados, exigiendo medidas alternativas para compensar la pérdida de ingresos que están sufriendo actualmente los ayuntamientos afectados”, ha concluido Palacín.