Cuatro años después del juicio de Chaves la sentencia sigue sin ejecutarse

A pesar de que la sentencia que se dictó en el juzgado de Huesca en noviembre de 2016 sobre la destrucción de la Cueva de Chaves, ubicado en el coto de Bastarás, es tenida como ejemplar entre juristas y defensores del patrimonio, ésta sigue sin ser ejecutada en prácticamente todos sus términos.

Recordemos que la primera resolución judicial imponía a Victorino Alonso una pena de prisión de dos años y medio y una indemnización de 25 millones de euros, la mitad del valor de la cueva con sus restos neolíticos y paleolíticos, fijado en un principio en 52 millones de euros.

Tras un recurso en la Audiencia Provincial, la pena de prisión fue rebajada hasta los dos años, permaneciendo la multa de 25 millones de euros.

A día de hoy, de esos 25 millones de euros, solo se ha logrado que Alonso satisfaga 500 euros al mes, cantidad que es detraída de su pensión de jubilación.

En sede judicial, exclusivamente se consiguió demostrar que el empresario minero era administrador único de la empresa Fimbas, la propietaria del coto de Chaves en el que se encuentra la cueva destruida. Gracias a ello, Alonso se vio obligado a dar en pago de la indemnización de 25 millones de euros, el coto de Bastarás, coto que Fimbas valoró en 12,6 millones de euros.

Pero la DGA se negó a aceptar la finca en las condiciones en la que estaba, con un vallado que había que retirar, y con numerosas especies cinegéticas alóctonas que había que eliminar. De hecho, la administración autonómica valora todo el coto en no más de dos millones de euros.

En el ínterin de la discusión sobre el valor del coto, Fimbas se descolgó con una nueva valoración de la cueva, 108 millones de euros, proponiendo la dación en pago solo del abrigo.

Ha tenido que ser Apudepa, es decir, la acusación popular y no la DGA, la que ha tenido que aportar tres informes periciales de sendos catedráticos de la Universidad de Zaragoza, en los que se detalla de que el valor de la cueva, una vez destruida, es cero euros. La abogada de Apudepa, Pilar Villellas, entiende que la administración autonómica está mostrando muy poco interés por que la sentencia se cumpla en todos sus términos.

El caso es que cuatro años después del juicio por la destrucción de Chaves y tres desde que la condena sea firme, la sentencia sigue sin ser ejecutada.

Algo que solivianta a los vecinos de Casbas de Huesca, que ven como el delito sigue prácticamente impune, dice la alcaldesa de la localidad, María Pilar Viu, quien no entiende como la DGA no inscribió en su día la finca y retiró la valla.

Viu añade que dentro del coto sigue habiendo actividad, aunque desconoce la naturaleza de la misma. Y es que en la actualidad el coto está arrendado a otra empresa de Alonso, Inversiones Patrimoniales Asturianas, hasta el año 2030.

En los útimos patronatos de la Sierra y los Cañones de Guara se le ha ido preguntando insistentemente al representante de la DGA en dicho organismo sobre la ejecución de la sentencia y, en especial, sobre la situación del coto de Bastarás.

Durante la última reunión del citado patronato, se explicó por parte de la DGA que, aunque ya se han eliminado las especies alóctonas, no se retira la valla por la gran cantidad de jabalís, muflones y corzos que permanecen en el coto.

Pero existe otra parte de la sentencia, la penal, que tampoco se ha cumplido en opinión de Apudepa. La letrada de la asociación entiende que Alonso no ha satisfecho la parte civil de la sentencia, es decir, no ha hecho frente a la multa de 25 millones de euros y que, en ese caso, es obligatorio que cumpla la parte penal aunque la condena sea menor a los dos años y un día de prisión.

Además, recuerda Pilar Villellas el empresario tiene otra condena, aunque no firme todavía, por un delito medioambiental cometido en Leon. Por ello, Apudepa ha vuelto a solicitar al juez el ingreso en prisión de Alonso.

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