TRIBUNALES 

El Defensor del Pueblo acusa por error al Ayuntamiento de Barbastro

La Corporación barbastrense asegura que la queja está solucionada desde agosto 

Fachada del Ayuntamiento de Barbastro
Fachada del Ayuntamiento de Barbastro

El Defensor del Pueblo ha trasladado a la Fiscalía el caso de 19 ayuntamientos, entre ellos el de Barbastro, a los que acusa de entorpecer su trabajo en 2017 por no responder a sus continuos requerimientos de información, y también ha llevado al Ministerio Público al Colegio de Abogados de Guipúzcoa, por una queja contra un abogado de oficio.

Según explican fuentes del Defensor del Pueblo, el Ayuntamiento de Barbastro aparece en la lista de “instituciones entorpecedoras” de su informe de 2017 ya que en el pasado ejercicio no respondió en tres ocasiones a los requerimientos de información de la oficina del Defensor del Pueblo. El origen de la petición está en que un ciudadano trasladó su queja por una sanción de tráfico a esta institución al no quedar satisfecho por la respuesta del Ayuntamiento de Barbastro.

Según fuentes del Ayuntamiento de Barbastro, el expediente sancionador de tráfico está solucionado desde el pasado mes de agosto. Explican que la inclusión de Barbastro en su informe de 2017 hace referencia a un expediente que el propio Defensor del Pueblo cerró con fecha de 4 de agosto de 2017. El último requerimiento es de mayo de 2016 y el Defensor del Pueblo informó al Ayuntamiento de Barbastro de que daba traslado del expediente a la Fiscalía el 19 de junio de 2017. El 30 de junio de 2017 el Ayuntamiento de Barbastro respondió a dicho requerimiento, lo que el Defensor del Pueblo comunicó a la Fiscalía el 11 de julio. El Defensor del Pueblo archivó el expediente el 4 de agosto. Por tanto, dicho expediente está cerrado y así se ha corroborado con la oficina del Defensor del Pueblo, quien ha facilitado todos estos datos.

El artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, obliga a que las administraciones contesten al Defensor del Pueblo sobre la información que precisa para sus actuaciones. Pero la contestación ofrecida no es siempre inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones.

Y en estos supuestos cuando el artículo 18.2 de la mencionada ley faculta a esta institución para declarar al órgano o unidad administrativa concernida de "hostil o entorpecedora de sus funciones" y, además, ponerlo en conocimiento de las Cortes Generales, por medio de su inclusión en el presente informe anual o, en su caso, en un informe especial.

Por eso, el informe recoge también la relación de administraciones que en el año 2017 no han dado adecuada respuesta a los requerimientos efectuados por el Defensor del Pueblo, sin llegar al incumplimiento sistemático de las anteriores. En este caso está, por ejemplo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la que se solicitó ampliación de información acerca de la conveniencia de comunicar a las alcaldías que la grabación de los plenos municipales, por los concejales o por el público asistente, está amparada por la Constitución y por la ley, con un tercer requerimiento el 23 de noviembre pasado.

También se encuentra en esta situación la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores; la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y la Dirección General de Tráfico.

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