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El Justicia de Aragón moderniza la institución y reduce y unifica los expedientes

A lo largo del pasado año se recibieron 1.784 quejas

Ángel Dolado, Justicia de Aragón, entrega la memoria a Violeta Barba
Ángel Dolado, Justicia de Aragón, entrega la memoria a Violeta Barba


El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha entregado a la Presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, el informe Anual correspondiente a la actividad de la Institución durante el pasado año, que estuvo marcado por la renovación del titular de la Institución durante el pasado 20 de abril, pero en el que ha existido una continuidad en las funciones: defensa de derechos y libertades de la ciudadanía aragonesa y la tutela del ordenamiento jurídico aragonés. El informe recoge una reducción en el número de reclamaciones presentadas, pasando de las 2.938 quejas de 2017 a 1.784 expedientes en 2018. Del total de las 1.784 quejas que se han tramitado en el último año, en la oficina del Justicia de Huesca se recibieron un total de 31. A la oficina de Zaragoza llegaron 612, y 24 a la de Teruel. Por correo se recibieron 163 quejas, por email, 866, por fax 66 y por teléfono 12.

Desde la institución se explica esta bajada en que el nuevo Justicia entendió que debían tramitarse como un único expediente aquellas quejas que, aunque presentadas de forma individual, se referían a una misma cuestión, e igual criterio se ha seguido cuando se han presentado quejas con pluralidad de firmantes afectados. Igualmente, se han reducido sistemáticamente a lo mínimo imprescindible los expedientes efectuados de oficio que ascendieron a 64 frente a las 169 de 2017. Sin embargo, se aumenta el número de Sugerencias y Recomendaciones que fueron 221 en 2017 y de 237 en 2018. De las 237, fueron 106 aceptadas, 31 no aceptadas, 15 no contestadas y 85 pendientes de respuesta por parte de las administraciones correspondientes.

El Justicia ha realizado un Informe Especial sobre la situación de la provincia de Teruel, organizó una mesa de trabajo en la que se abordó la situaicón de nuestros mayores, e inició las gestiones ante las Cortes de Aragón para la asunción de la Defensoría del Menor.

De las materias tratadas, destacan aquellas que han sido objeto de la apertura de queja de oficio por su importancia: un estudio especial sobre la situación de los puntos de encuentro familiar, la guía sobre consumo de drogas editada por el Ayuntamiento de Zaragoza, las visitas a residencias y centros de atención al mayor realizadas junto a las direcciones provinciales del IASS, la atención a las mujeres y menores victimas de la violencia de género, la notificación de resoluciones derivadas del impago del impuesto de contaminación de las aguas o la homologación de las costas de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón a los correspondientes en turno de oficio.

Igualmente, los ciudadanos han trasladado sus quejas de forma mayoritaria en las siguientes materias:

Agricultura Ganadería y Montes: procesos de concentración parcelaria y relaciones de las comunidades de regantes con asociados.

Economía y Hacienda: reclamaciones sobre el Impuesto de Contaminación de las Aguas, Impuesto sobre la Plusvalía Municipal (indicándoles que deben acudir a contencioso-administrativo) y comprobación de valores catastrales.

Sanidad: reclamaciones por falta de información tanto en tiempo como en forma, listas de espera en neurocirugía e hipertrofia mamaria, odontología para discapacitados, acceso a las historias clínicas, transporte sanitario, salud mental y falta de recursos humanos y materiales en algunas áreas, especialmente en la provincia de Teruel, así como pediatría en Andorra y especialidades en C.E. Grande Covián.

En este apartado destacan las quejas respecto al asunto iDental, que se han tramitado hasta la judicialización de este.

Industria y Comercio: quejas especialmente ante la gestión de las empresas comercializadoras de energía eléctrica: cambios tarifarios, cortes de suministro….

Vivienda: necesidad de ampliar las bolsas de vivienda social, desahucios, mediación hipotecaria y coordinación entre administraciones en asuntos de convivencia vecinal.

Urbanismo: planificación urbanística, cesión de locales públicos, terrenos dotacionales y especialmente la inactividad de algunos ayuntamientos en materia de sanciones en disciplina urbanística.

Medio Ambiente: vertidos y calidad de las aguas, gestiones con la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Obras Publicas: justiprecios por expropiaciones, desperfectos en fincas particulares por obras municipales.

Educación: proyectos de tiempos escolares, escolarización especialmente tras la bajada de la ratio a 22 alumnos en educación infantil, escasez de plazos administrativos o inexistencia de tramitación de instancias de forma personal, plazas de ACNEAE, becas y ayudas con demora o inexistencia para los alumnos aragoneses que cursan estudios que no se ofertan en la Comunidad o transporte escolar.

Cultura, Patrimonio y Deporte: reclamaciones sobre estado de bienes de interés cultural, reclamaciones sobre textos educativos con referencias históricas incorrectas y plazas reservadas para deportistas de alto rendimiento.

Bienestar Social: prestaciones; Ingreso Aragonés de Inserción y Ayudas Municipales de Emergencia, ayuda a domicilio y la compatibilidad de ésta con el uso de centros de día. Bono social eléctrico, lista de espera en dependencia y plazas residenciales de mayores, diferencias en el copago de las residencias.

Empleo y Seguridad Social: políticas activas de empleo y pensiones no contributivas, falsos autónomos y ley de segunda oportunidad.

Interior y Justicia:  una mayor incidencia en las sanciones y errores en la señalización viaria, quejas por la proliferación de nuevos elementos de movilidad urbana, así como consultas sobre justicia gratuita.

Empleo Público: uso de procesos de selección vía INAEM en lugar de bolsas de empleo, plazos para alegaciones en concursos oposición, cupos de discapacidad.

El cambio sustancial en el sistema de cómputo de expedientes nace de la premisa como objetivo de que la Institución “solucione problemas y no tramite expedientes”, y que ello es posible hacerlo mediante diversas técnicas de actuación, a veces mucho más allá que la simple queja, tramitación y resolución. Por ello, se ha entendido igualmente que, junto a la actuación “reactiva” ante la situación que puede vivir un ciudadano concreto, se debe actuar de forma “proactiva” en la defensa de los derechos y libertades de los aragoneses, y para ello se debe procurar una actuación preventiva y de educación ante las administraciones públicas sujetas a supervisión.

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