El PP denuncia que el servicio de transporte sanitario urgente pasará 38 a 22 ambulancias


El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón volverá a penalizar al medio millón de aragoneses que residen en el medio rural cuando, a partir del próximo mes de agosto, comience a funcionar el nuevo servicio de transporte sanitario urgente y de emergencia que ha contratado para los próximos cuatro años con un coste superior a los 77 millones de euros según denuncia el PP.

En apenas tres años, el ejecutivo que preside Javier Lambán ha provocado que cuestiones tradicionalmente puntuales como la falta de especialistas en los centros sanitarios de los municipios medianos, la disminución en la cartera de servicios en los hospitales comarcales o las constantes derivaciones de pacientes de cualquier parte del territorio a los hospitales Miguel Servet y Clínico de Zaragoza, hayan alcanzado el nivel de situaciones crónicas. Una manera de gestionar donde se gasta más pero se ofrece menos, afirman en el Partido Popular.

Este martes, la portavoz de Sanidad de los populares en las Cortes de Aragón, Carmen Susín, alertó de una nueva pérdida de calidad en el sistema público de salud que, en esta ocasión, afectará al transporte sanitario urgente. No es la primera vez que la diputada critica el nuevo contrato, pero según se van conociendo los detalles concretos respecto a su futura aplicación saltan más alarmas. La última en sonar afecta al transporte catalogado como Soporte Vital Básico -diferente al considerado como programado o asistencial-. Se trata del servicio que presta una ambulancia ante una urgencia o emergencia, y lo que el Salud aprobó es por un lado disminuir el número de los vehículos que van a operar en el territorio, pasando de 38 a 22, a lo que se añade el hecho de que el personal de la ambulancia se reduce al conductor “que, lamentablemente, no tiene capacidad de actuación durante el traslado del paciente salvo mirar hacia atrás y preguntarle qué tal está”, en palabras de la diputada.

Además, el criterio de la portavoz de Sanidad del Partido Popular es que existen visos de ilegalidad pues el contrato aprobado por el Gobierno de Aragón contraviene algún aspecto del Real Decreto 836/2012 que establece las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera. Esta colisión legal es el motivo de que Susín haya presentado varias preguntas parlamentarias al consejero.
Independientemente de la conformidad del contrato con las obligaciones legales que impone el Real Decreto, los populares consideran insuficiente la nueva prestación del servicio. Han sido diversas las iniciativas parlamentarias en las que Susín ha defendido la necesidad de aumentar el presupuesto que la administración autonómica destina al transporte sanitario urgente. Una petición coincidente con los órganos de gobierno de varios ayuntamientos, diputaciones, comarcas, sindicatos y asociaciones profesionales, pero que ha sido desoída por el consejero de Sanidad.

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