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El PP pide que el extrabajador de Sarga investigado por caza ilegal abandone la función pública

El investigado es alcalde de Linás de Broto y también representante de la DPH en el Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala
Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala. Foto: Eduardo Viñuales.

El Partido Popular en la provincia de Huesca pide al PSOE que intervenga con carácter inmediato y aparte de la vida pública e institucional al alcalde pédaneo de Linás de Broto, Enrique Ramón Muro, de su signo político y que en la actualidad está siendo investigado por un presunto delito contra la fauna y la flora.

Cabe recordar que Enrique Ramón Muro fue identificado por la Guardia Civil como presunto autor de un delito contra la fauna y la flora al encontrarle en posesión de cabezas de caza mayor producto del furtivismo. El hecho tuvo lugar en la Zona Periférica del Parque Nacional de cuyo patronato es miembro.

El extrabajador de la empresa pública Sarga despedido tras ser investigado por un presunto delito contra la fauna, es alcalde pedáneo por el PSOE en Linás de Broto, además de concejal socialista en el municipio de Torla. En esa condición, fue nombrado representante de la DPH en el Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, nombramiento que fue otorgado por el presidente Miguel Gracia.

Al respecto, el PP provincial entiende que, al margen de las consecuencias legales que determine la investigación, el PSOE debe intervenir con carácter inmediato si Enrique Ramón no asume su responsabilidad como representante público.

Los populares de Huesca, consideran “inaudito” que no haya trascendido respuesta alguna “ante una situación que no admite excusa, ni matices y pone en tela de juicio tanto la validez de Enrique Ramón Muro como cargo institucional como la sensibilidad del Partido Socialista”.

Para el PP de la provincia de Huesca, “el episodio reúne todas las condiciones para hacerse merecedor de una respuesta ejemplar, en primer término puesto que el investigado trabajaba en el momento de los hechos en una empresa pública que se debe, precisamente, a la defensa de la fauna y la flora”. Los populares entienden que su despido fue una consecuencia administrativa justificada, pero “queda por resolver la responsabilidad política del concejal y del partido que representa”.