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ECONOMÍA

El sector de la fruta pide que las ayudas de la PAC prioricen a las explotaciones familiares asentadas en el territorio

El Presidente de la DPH y representantes del sector se reunían por la necesidad de una discriminación positiva en favor de estos productores

Las explotaciones de fruta piden ser consideradas actuaciones de interés nacional. Es el planteamiento que han puesto sobre la mesa los representantes del sector en la reunión mantenida con el Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, donde han coincidido en calificar a la zona frutícola como un factor estratégico para la ordenación territorial y mantener el empleo en la zona rural.

Desde la organización agraria UAGA y productores a título individual, reclaman una reestructuración con medidas fiscales que permitan la continuidad de la actividad, “ayudas e incentivos que estén vinculados a la condición de productor y no a la de la cantidad producida”, señalan. De ahí la defensa de una PAC que priorice a las producciones familiares con la incorporación al Régimen de Pago Único.

Lo que se ha salido del encuentro es la necesidad de una discriminación positiva a favor de las pequeñas y medianas explotaciones tradicionales que han estado representadas por José Peralta, Sergio de Dios, Óscar Moret y Manuel Rausa y el secretario general de UAGA-COAG, José Manuel Penella. En palabras del Presidente de la DPH, “es hora ya de legislar para fijar población, eso no cuesta dinero y es fundamental para ayudar a estos territorios”, mientras se refiere a una Política Agraria Común que “ha cumplido con las funciones de producción, incluso de renta, pero no ha sido útil para paliar problemas demográficos”.

Miguel Gracia va más allá y apuesta desde Huesca por articular a escala europea una renta básica agraria que otorgaría un mayor dinamismo económico del territorio, “siempre que se tenga la agricultura como actividad principal y que resida en la zona donde también produce”, apunta.

Ante las malas campañas y para que el agricultor no siga sufriendo las desviaciones del mercado al fijar los precios, el sector ve urgente la apuesta por un modelo de producción basado en “una friticultura con fruticultores, una agricultura familiar de agricultores profesionales basada en la eficiencia y sostenibilidad de la actividad” que, según destacan, la integran “hombres y mujeres que trabajan directamente en sus explotaciones y viven de su actividad”. Este modelo mayoritario en Europa, tal como ha reconocido también Miguel Gracia, “nos aporta a todos una serie de elementos por la que no reciben remuneración”, en referencia a su labor en el ámbito medioambiental, paisajístico, cultural o gastrónomico, entre un largo etcétera.

Batería de medidas ante la pérdida de peso económico

El peso específico de la agricultura en el conjunto de la economía es cada vez menor, lo que se refleja en el número de personas ocupadas y, según los datos que manejan en los sindicatos agrarios, se ha pasado de los 100.000 agricultores en la Comunidad a principios de los ochenta a los poco más de 30.000 actuales.

A este respecto, el secretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG), José Manuel Penella, insta a que todas las administraciones se posicionen a favor de este “modelo social y profesional de la agricultura asentado en el territorio a diferencia de corporaciones empresariales con objetivos distintos” porque, asegura, “se está cayendo en manos de grandes empresas y agentes comerciales que solo buscan rendimientos económicos sin generar ni tejido social, ni mantenimiento de la población rural ni del medio ambiente”.

Entre la batería de medidas que proponen en un documento elaborado, se contemplan también incentivos para la comercialización y exportaciones, para la reconversión varietal, ayudas para transformación, normas de identificación y clasificación, la anulación del veto ruso, promoción del consumo y un cumplimiento estricto de las disposiciones de la ley de la cadena alimentaria en todos los ámbitos, incluso supranacionales, ampliando de esta forma las obligaciones que favorezcan a los agricultores a título principal.

 
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