Empresarios del Pirineo se unen para reclamar indemnizaciones al Gobierno de Aragón

Decenas de autónomos y pequeños empresarios de los valles del Pirineo aragonés (Valles de Tena, Aragón, Ordesa, Sobrarbe y Benasque) que integran el sector hotelero, restaurador, comercio de escuelas de esquí, se han unido en una queja conjunta que quieren dirigir al Gobierno de Aragón para reclamar indemnizaciones económicas ante lo que consideran “un maltrato constante con relación a las medidas acordadas por esta administración en el seno de la crisis sanitaria de control de la pandemia.”

Los reclamantes se consideran especialmente agraviados no solo por las medidas

decretadas por el Gobierno, que consideran “poco acertadas y fruto de una solución generalista e insensible a la realidad de las particularidades sociales, territoriales y económicas de sus valles, sino también por las ayudas recibidas.

En este sentido los reclamantes consideran que las medidas adoptadas hicieron económicamente inviable la apertura de sus establecimientos, fueron medidas no proporcionales, ni justificadas. Al contrario, las consideran arbitrarias, máxime teniendo en cuenta la baja densidad poblacional de los valles y la alta concentración de población que si se permitió en otras áreas.

A este tenor les resulta especialmente injustificable que no se adoptasen medidas más adecuadas, como sí ocurrió en Cataluña, Madrid o Andalucía, dicen, “donde se permitía – a modo de ejemplo – los desplazamientos a segundas residencias y/o bajo reservas hoteleras, causando así un menor impacto económico a los vecinos de las áreas territoriales especialmente vinculadas a la nieve.”

La intensidad de las medidas de restricción contrasta, dicen con territorios similares como Sierra Nevada en Andalucía, Valle de Arán en Cataluña, o Navacerrada en Madrid, e implica, añaden “una absoluta requisa de sus bienes y derechos, entre ellos el de explotar sus actividades económicas, condenándoles a sobrevivir con unos ahorros que a la postre se han visto gravados con el pago de impuestos, que en modo alguno han sido tampoco condonados.

Reclamación económico-administrativa al Gobierno de Aragón
Los reclamantes informan que, "la evidente falta de comprensión del Gobierno de
Aragón, les ha abocado como única alternativa para la mejor defensa de sus intereses,
a formular una petición indemnizatoria en vía administrativa", que incluye la
interposición de una reclamación económico-administrativa encomendada al bufete jurídico “Dorinda Aventín & Albert Panabera” para verse resarcidos de los daños que vienen sufriendo y especialmente aquellos correspondientes a la temporada comprendida por los meses de invierno entre noviembre y marzo, en los que se les ha privado de ejercer su derecho fundamental a la libertad de empresa ( artículo 38 Constitución Española) y el derecho a la libre prestación de servicios ( artículo 56 y 57 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) .

Consultada la noticia con la letrada Dorinda Aventín, explica que dicha reclamación se prevé sea presentada en breve y que tiene su amparo tanto en el seno de una posible responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento atribuible al Gobierno de Aragón (al amparo de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su Capitulo IV de la Responsabilidad de las Administraciones Públicas) con causa en la falta de diligencia en el dictado de sus decretos; así como en el seno de una posible compensación a cuenta de la suerte de requisa de bienes y derechos que las medidas acoradas por el Gobierno de Aragón han supuesto para los reclamantes, en amparo de la propia Ley de Expropiación Forzosa, que recoge el derecho de compensación de todos aquellos que puedan verse afectados por cualquier forma de privación singular de derechos o intereses patrimoniales legítimos, acordada imperativamente, que implique incluso la mera cesación de su ejercicio.