Fiscalía y DGA piden que Victorino Alonso ingrese en prisión

La última sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huesca fijaba la pena para Alonso en dos años de prisión, además de una indemnización de 25 millones de euros, al considerar probado que fue él quien ordenó la destrucción de los estratos neolíticos de la cueva para habilitarla como pesebre para los animales que luego se cazaban en el coto de Bastarás.

Hasta la fecha, el empresario ha comunicado al juzgado su disposición a ceder como pago a la DGA la propiedad finca de Bastarás, un terreno valorado en 13,5 millones de euros, aunque, de forma paralela, también ha recurrido la sentencia ante el Supremo.

Habitualmente, según el sistema jurídico español, un condenado a menos de dos años de prisión, no suele entrar en prisión, a no ser que cuente con antecedentes penales, o no haya satisfecho la parte civil, o el caso juzgado provoque, o haya provocado, alarma social.

Alonso, aunque cuenta con condenas anteriores, estas no se consolidaron como antecedentes penales.

Por otra parte, al juez corresponderá analizar si el empresario ha cumplido con el pago de la indemnización (los 25 millones de euros) y si el caso creó alarma social en el territorio, al destruir uno de los mejores yacimientos neolíticos de cuantos hay en España.