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La apertura al público de la ermita de Iguácel sigue en el aire por la disputa sobre su propiedad

En julio de 2018 la Diócesis de Jaca llevó a los tribunales al Gobierno de Aragón por la propiedad de Santa María de Iguácel

Desde hace más de un año la ermita de Santa María de Iguácel, una joya del románico declarada Bien de Interés Cultural, está cerrada a cal y canto. En el último cuarto de siglo podía visitarse durante el verano (desde principios de julio) gracias al trabajo de los voluntarios de la Asociación Sancho Ramírez de Jaca, pero el verano pasado no obtuvieron permiso del Obispado y, tampoco saben si lo conseguirán este año. El problema nace de la disputa por su propiedad que tiene el Obispado y la Diputación General de Aragón.

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La Asociación Sancho Ramírez, cuya finalidad es la puesta en valor del patrimonio de la comarca de la Jacetania, sigue a la espera de una decisión que les permita retomar las visitas durante el verano. Su presidente, Juan Carlos Moreno, explicaba a Radio Jaca que sus asesores legales les han aconsejado que no lo hagan y se mostraba preocupado por la situación de la ermita. “La ermita lleva más de un año sin abrir y la humedad que se genera no beneficia a las pinturas murales. Cada año antes de las visitas limpiábamos los excrementos depositados en el interior por los murciélagos que allí habitan, pero este año no sabemos cómo estará”.

Disputa entre el Gobierno de Aragón y la Diócesis

Hace un año la Diócesis de Jaca anunció que denunciaba, a través de un contencioso administrativo, al Gobierno de Aragón por la propiedad de la iglesia de Santa Maria de Iguácel. En diciembre de 2017 el Gobierno de Aragón inscribió a su nombre la propiedad del entorno de la iglesia de Santa María de Iguácel y la Diócesis de Jaca señala que desde el siglo XII este monumento es de su propiedad. Desde el Gobierno de Aragón explican que “el edificio está en un monte público, que está inscrito en el Registro de la Propiedad y en cuya descripción se especifica que está la Iglesia.”. El arzobispado pidió la segregación de la ermita del monte, pero el catastro lo denegó, por lo que, explican desde la DGA, “la ermita continúa siendo de propiedad del Gobierno.”

Con el asunto de la propiedad judicializado la ermita sigue cerrada a pesar de recibir cada verano más de 3000 visitantes. Es el Obispado de Jaca el que no autoriza a la asociación Sancho Ramírez la apertura.

El Gobierno de Aragón invertía el pasado verano 38.000 euros en la reparación e impermeabilización de las cubiertas de la ermita, obras que están concluidas.

 
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