RIBAGORZA

La CHE no tendrá que indemnizar al camping de Castejón de Sos arrasado en la riada de 2013

La indemnización solicitada ascendía a 1,7 millones de euros, pero la Audiencia Nacional estima que la instalación no contaba con todos los permisos

Imagen tomada en el camping de Castejón de Sos tras la riada / Heraldo
Así quedó el camping tras la riada de junio de 2013

La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso contencioso interpuesto por el propietario del camping de Castejón de Sos, que quedó arrasado en junio de 2013 por una avenida del río Ésera a su paso por la localidad, para solicitar una indemnización de 1,7 millones de euros a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). En su sentencia, adelantada por la Agencia EFE, el tribunal entiende que en ningún momento se llegó a consolidar la autorización provisional que se otorgó en 1990 a los promotores ya que los informes advertían de que las obras de defensa construidas en la margen izquierda del río colindante con las instalaciones no garantizaban que el terreno no pudiera inundarse.

El demandante, que obtuvo previamente del Ayuntamiento de Castejón de Sos una concesión de 40 años para la explotación de la parcela, argumentó en su escrito ante la Audiencia Nacional que la escollera que se exigía en la autorización provisional de la CHE se hizo, así como otras actuaciones de protección. En su demanda, destacaba que el 18 de junio de 2013, una avenida extraordinaria del Ésera superó las defensas y arrasó las instalaciones y que, seis meses después, el organismo de cuenca declaró la caducidad de la autorización y ordenó el desmantelamiento del camping.

La representación legal del propietario del camping argumentó que la administración demandada era responsable ya que las obras de la escollera requeridas se ejecutaron, y existía una autorización para desarrollar la actividad.

Al no poder continuar con su actividad tras la riada y ver vista caducada su autorización, el demandante solicitó 1,7 millones de euros por los daños materiales sufridos y por los perjuicios derivados de la imposibilidad de continuar con el negocio.

En respuesta a este argumento, la abogacía del Estado esgrimió un informe elaborado por el Servicio de Control del Dominio Público Hidráulico a instancias de la Dirección General de Turismo del Gobierno aragonés en 1999 en el que se hacía constar que la escollera no garantizaba la no inundabilidad del terreno y se informaba desfavorablemente la actividad.

La Audiencia Nacional, a la vista de los argumentos de ambas partes, rechaza, como lo hizo previamente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que existiera un consentimiento de la CHE para continuar con el camping hasta que tuvo lugar la riada.

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