Lambán aboga por "no alimentar las falsas expectativas" y potenciar las capacidades del mundo rural

Los retos a los que se enfrenta España y Europa en la era poscovid para luchar contra la despoblación ha sido lo que se ha debatido este lunes en Teruel, provincia que se ha escogido como ejemplo de lo que ocurre también en el Alto Aragón.

Una cita que congregaba a los principales representantes de las instituciones aragonesas y de la provincia de Huesca. También asistían las ministras de Justicia y Transición Ecológica, Pilar Llop y Teresa Ribera, que intervenían para explicar cómo se están aplicando sus ministerios en el mundo rural. Esta última participaba en una mesa redonda junto al presidente aragonés, Javier Lambán, que defendía a la comunidad por ser líder en energías renovables, tratándose de que "con nuestro cierzo, nuestro bochorno y nuestro sol" se favorezca el autoconsumo de los aragoneses, al "contrario de lo que pasó a principios del siglo XX", y que la generación de fuentes de energía hidroeléctrica solo sirvió para favorecer a Cataluña y País Vasco.

A juicio del presidente aragonés, el Gobierno central puede colaborar a través de una mayor y mejor financiación autonómica y local y proporcionando más instrumentos a las comunidades autónomas y ayuntamientos, y además se ha mostrado contundente a la hora de pedir que no se trate de engañar a nadie ni de alimentar falsas expectativas, como hacer creer que "muchos pueblos van a alcanzar los mismos niveles de población que hace un siglo", por lo que ha abogado por potenciar todas las capacidades actuales y reales.

Entre otras medidas, en el foro han destacado el impulso en Aragón de escuelas infantiles en municipios con solo tres alumnos; la digitalización de registros civiles para que trámites como la fe de vida se puedan llevar a cabo sin salir del municipio, o el acuerdo con las comarcas para desarrollar el Plan Corresponsables, en colaboración con el IAM. Otro de los avances con los que contará esta tarea es la aprobación antes de final de año de la Ley de Dinamización del Medio Rural, que introduce una fiscalidad diferenciada y la obligación de que las normativas incluyan un informe sobre el impacto en el territorio.