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Los ingenieros de caminos piden ordenación y rigor en la instalación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas

Consideran que tienen que establecerse en un documento los territorios que deben estar exentos de este tipo de instalaciones

placas solares fotovoltáica
Instalación fotovoltaica


La Demarcación de Aragón del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha mostrado su preocupación por el impacto ambiental que supone la gran proliferación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas en Aragón. Considerando que las energías renovables son imprescindibles, y sobre las que no cabe discusión alguna, sí que piden rigor y ordenación a la hora de instalarlas, en según qué parajes o territorios. También solicitan que se cumpla la normativa urbanística de los municipios y una adecuación a la situación actual. Como ejemplo ponen que los actuales generadores tienen cuatro veces más altura que hace 20 años, y se les exigen los mismos requisitos.

Desde el colegio se recuerda que, durante los últimos años se han instalado en Aragón numerosos parques eólicos y plantas fotovoltaicas. En 2021, el número de expedientes en tramitación para instalaciones de este tipo se ha disparado. Están o han estado recientemente en información pública, 86 parques eólicos y 206 plantas fotovoltaicas, en ambos casos con sus infraestructuras de evacuación, así como 40 expedientes de líneas eléctricas. Además, se están tramitando proyectos a través del Ministerio de Transición Ecológica, con generación superior a los 50 MW.

Preocupa que muchas de las ubicaciones elegidas por los promotores se encuentran muy lejos de los lugares de consumo, necesitando por tanto la implantación de importantes líneas eléctricas que permitan la evacuación de la energía.

Parque eólico en Gurrea de Gállego
Parque eólico en Gurrea de Gállego

Así que, a la vista de esto consideran que es absolutamente necesario y urgente que se elabore y se apruebe un documento de Ordenación Territorial que establezca los territorios que, por sus valores naturales, ecológicos, paisajísticos o culturales, deben estar exentos de este tipo de instalaciones.

Indican que la tramitación de este tipo de expedientes, que tanta incidencia tienen en el territorio, debe ser transparente y fomentar la participación pública efectiva y real. Les parece llamativa la brevedad de los plazos que se otorgan para que los interesados puedan efectuar las alegaciones que estimen pertinentes, generalmente de solo un mes. Lamentan que la documentación suele ser extensa, lo que dificulta su lectura y comprensión.

Otro de los asuntos que preocupan es que debe cumplirse la normativa urbanística de los municipios, ya que la facilidad con la que este tipo de instalaciones son declaradas de utilidad pública o de interés social permite, en muchos casos, que pretendan instalarse indiscriminadamente en cualquier lugar, aplicando laxamente la normativa urbanística municipal, que en su día no pudo prever la invasión de este tipo de instalaciones en su suelo no urbanizable. Y añaden que los documentos de este tipo de proyectos, así como su estudio de impacto ambiental, deben tener la misma calidad, concreción y nivel de estudio que los proyectos de otros tipos de infraestructura.

Como conclusión, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón entiende que este tipo de instalaciones de energías renovables son necesarias y que su instalación es urgente. Sin embargo, la urgencia y la necesidad no deben ser excusa, en su opinión, para disminuir las garantías que establece la legislación sobre la necesaria ordenación territorial y la protección medioambiental.