RIBAGORZA

Municipios ribagorzanos limítrofes exponen los problemas que suponen las restricciones de movilidad

Los alcaldes solicitan que se permita la movilidad de los vecinos residentes entre los municipios limítrofes de Aragón y Cataluña

Puente de Montañana. Genérica
Parte del núcleo urbano de Puente de Montaña  pertenece al múnicipio catalán de Tremp

Los alcaldes de Montauy, Bonansa, Sopeira, Arén, y Puente de Montañana, todos ellos municipios de la zona nororiental de la comarca de Ribagorza, limítrofes con la provincia de Lérida, han trasladado por escrito a los presidentes de Aragón y Cataluña, Javier Lambán y Pere Aragonés, respectivamente, y a las delegadas del Gobierno de España en ambas comunidades, los problemas que, las limitaciones de movilidad impuestas, generan a los vecinos de los municipios citados para acceder a los servicios básicos y esenciales.

José Peris, alcalde Puente de Montañana, señalaba que, en la carta enviada, se expone que la carretera que vertebra esta parte de Ribagorza es la N-230, y que, en algunos tramos, salta de una comunidad a otra, incluso entre localidades de un mismo municipio como sucede en Montanuy, Bonansa o Puente de Montañana donde los vecinos de algunos núcleos para acudir al consultorio médico, tienen que circular, inevitablemente por un tramo de la N-230 que entra en Cataluña.

José Peris, alcalde de Puente de Montañana

Explican que, durante estos meses de pandemia, los vecinos de se han visto abocados a una situación de incerteza e inseguridad debido a las distintas limitaciones de movilidad aplicadas en diferentes momentos y en diferente grado (confinamiento perimetral de Aragón y Cataluña, además del confinamiento municipal y comarcal de Cataluña) y con diferentes cuerpos de seguridad (Mossos d’Esquadra o Guardia Civil) y que ha supuesto a los vecinos graves limitaciones en su actividad económica y social habitual. Se ha dado el caso, indican, que el mismo motivo o documento que es válido para justificar el desplazamiento en un control, es cuestionado o se le niega validez en otro control pocos metros más adelante.

Recuerdan que los municipios a los que representan dependen, para numerosos servicios de las comarcas vecinas catalanas y viceversa para comprar, para acudir al centro de salud e incluso al colegio, puesto que, el IES de referencia está en Pont de Suert, y que la situación afecta también en el plano económico, a actividades como el turismo, la ganadería o la agricultura. A modo de ejemplo, citan el caso de una familia tipo con un hijo de 13 años que cada día va a estudiar al Pont de Suert pero que no puede acudir a ninguna actividad extra escolar en esa localidad así como sus padres no pueden ir a comprar pero sí acudir al banco o la farmacia.

Solicitan que antes de fijar medidas que afecten a la movilidad se tenga en cuenta la realidad social-económica del territorio y dependencia de los servicios de una u otra comunidad autónoma, que en Aragón, en los motivos en los que no se restringe la movilidad, se incluya el desplazamiento para comprar alimentos, adquisición de bienes y servicios en territorios limítrofes, que se permita la movilidad de los vecinos residentes entre los municipios limítrofes de ambas comunidades autónomas, para necesidades comerciales, relaciones sociales, económicas y personales del día a día, permitir la movilidad de turistas alojados en estos territorios y que se faculte a los alcaldes de cada municipio, a autorizar la entrada de cazadores en su término municipal para realizar batidas de jabalí, siempre que lo requieran los presidentes de los cotos, así como que se amplíe el periodo de caza del jabalí para poder controlar la excesiva población, la cual se ha descontrolado, tras varios meses sin cazar.

Los alcaldes que firman esta petición se ofrecen a colaborar en la expedición de cualquier documento informativo o del tipo que se acuerde, o en todo aquello que de ellos pueda depender, para acreditar en la forma que se acuerde la situación particular de los vecinos de los pueblos.

La delegada del Gobierno de Aragón ya se ha puesto en contacto con los alcaldes afectados para informarles que tendrán en cuenta sus peticiones. 

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