Preocupación por la indemnización que la DGA deberá pagar a los médicos jubilados forzosamente

Un total de 30 millones de euros. Es la cifra a la que el Gobierno de Aragón tiene que hacer frente por haber jubilado forzosamente a 161 médicos a los 65 años. Fue en 2013 durante la legislatura de Luisa Fernanda Rudi. Ahora hay preocupación en el departamento de Sanidad actual, que debe asumir ese coste tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declaró nulas las jubilaciones forzosas de los médicos del Salud. Un gasto que llega en el final del ejercicio presupuestario.

Para Lorenzo Arracó, secretario general autonómico de CESM, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, finalmente y después de casi 5 años de batalla judicial, lo que fue una iniciativa para ahorrar ha terminado siendo todo lo contrario.

Cree que no el ejecutivo autónomo no tenía una base legal ni de organización de recursos humanos suficiente para hacer estas jubilaciones forzosas. Lo hicieron en un ataque de ahorro que ha resultado ser todo lo contrario y no siguieron los pasos que hubieran tenido que seguir, lo que habría implicado tener un plan de recursos humanos que se sigue esperando.

Un tiempo después de tomar estas medidas, se destaca el coste económico que esto va a suponer para las arcas autonómicas. Pero hay un aspecto más, la falta de médicos que la medida provocó. Lorenzo Arracó explica que el planteamiento inicial en 2013 era jubilar 200 médicos y reponer 50 o 100. Pero eso no fue posible, porque la edad de los médicos con plan de jubilaciones forzoso o sin él, es muy avanzada.

La sentencia decía que los facultativos tenían derecho a seguir trabajando a partir de los 65 años y obligaba al Salud a resarcirles económicamente por las retribuciones que no han percibido desde esa fecha hasta cumplir los 70 años, edad máxima que marca el Estatuto del Personal del Salud, que pueden prolongar su vida laboral.