Rechazado de nuevo el paquete de ayudas a la nieve que planteaba el PP

El pleno de las Cortes de Aragón volvía a rechazar la propuesta del PP sobre medidas de impulso al sector de la nieve. En su propuesta solicitaban un plan con ayudas directas a empresas y autónomos, un plan “Renove” para inversiones de renovación de las estaciones de esquí o la exención o bonificación de las cuotas de las diferentes figuras tributarias que permitan la reducción de costes al sector. Votaban a favor PP, Ciudadanos y Vox, y en contra los grupos del equipo de gobierno (Psoe. Par, Podemos y Cha) e IU.

El portavoz económico del Partido Popular, Javier Campoy, dedicaba buena parte de su exposición a criticar que el Ejecutivo aragonés no haya permitido la apertura parcial de las estaciones invernales, como sí han hecho otras comunidades. “Todos sabemos que hay decisiones que había que tomar y no se han tomado, o se han tomado a medias haciendo que como siempre paguen la cuenta otros” refirió el portavoz del Partido Popular para describir el modelo de funcionamiento del Gobierno aragonés del que dijo “podía haberlo hecho mejor”, y como ejemplo llevó al hemiciclo la alternativa al cierre llevada a cabo en otras regiones, “cuando prácticamente todas las estaciones de esquí de España han realizado una apertura parcial abriendo solo unas cuantas pistas y sacando unos cuantos trabajadores del ERTE. Y lo más importante, permitiendo el desplazamiento dentro de la comunidad autónoma para esquiar”, un ejemplo a su juicio “razonable” que debería haber seguido el Gobierno de Aragón.

Tanto el Partido Socialista como el Partido Aragonés se centraban en las actuaciones que ya está llevando a cabo o va a poner en marcha el Ejecutivo en departamentos como del de Economía y Turismo: Plan Remonta, líneas de ayudas e empresas y autónomos o los anunciados bonos turísticos para viajar por la Comunidad.

Pero en la guerra de datos el PP calcula que Aragón ha perdido por estas decisiones más de 150.000 turistas y más de 400.000 pernoctaciones. “Todo ello equivale a una pérdida de más de 150 millones de euros”. Campoy reclamó al Ejecutivo autonómico utilizar las condiciones contrarias generadas por la pandemia como “un revulsivo para adaptarnos, para forzarnos. No para agravar la situación a quienes lo están pasando mal con cierres totales” y en este sentido requirió despejar cualquier duda ante las inquietudes sobre la viabilidad futura de las estaciones manifestada por trabajadores y usuarios, “tenemos que dar una imagen de seguridad en la política, en la apertura y ayudas para que las empresas sobrevivan y no se pierda en know-how de cientos de trabajadores de nuestras estaciones de esquí”.