Torres acusa a Lambán de ocultar información sobre la Demanda por desobediencia contra los consejeros catalanes Vila y Puig

El diputado duda de que la personación y retirada de la Demanda fuera adoptada por los letrados de la DGA sin el consentimiento del ejecutivo

El 5 de octubre de 2018 el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, en respuesta escrita a la solicitud de información registrada por el diputado del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Antonio Torres, negó que existiera resolución alguna de la administración autonómica para justificar la personación en el procedimiento de Diligencias Previas 573/2017 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Huesca, contra los consejeros de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Santi Vila y Lluis Puig, por desobedecer las sentencias sobre Sijena. La ley aragonesa establece que este tipo de ‘acciones judiciales o la interposición de demandas en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma’ deben estar debidamente justificadas y, además, autorizadas por la Diputación General.

Antonio Torres, diputado del PP 

Según Guillén, ni existió justificación ni autorización y pese a ello el Gobierno se personó en la Demanda y posteriormente la retiró. Así consta en un escrito de 21 de junio de 2018 del Servicio Jurídico de la Diputación General de Aragón enviado al Juzgado de Primera Instancia de Huesca que acredita que ‘se procede a personarnos en el procedimiento’, y otro de 19 de julio, también de los mismos servicios jurídicos dirigido al mimo juzgado, donde el Gobierno de Aragón pide que se tenga por ‘no presentado’ el escrito de 21 de junio’.

“El Gobierno de Aragón se personó y después se retiró en la Demanda contra Vila y Puig, y es imposible pensar que esa decisión tan relevante la tomaran los servicios jurídicos sin contar con el visto bueno de Guillén, Pérez y del propio Lambán”, afirmó esta mañana el diputado del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Antonio Torres, y añadió que “aquí ha habido una orden política evidente y ha habido una rectificación de una orden política evidente. Y ni se ha dicho ni se quiere decir quién ha dado esa orden y quien ha ordenado retirarla. Es un ejercicio de ocultación. Es un ejercicio que no tiene nada que ver con la transparencia que predica el Gobierno de Aragón, y sobre todo por las formas y por el fondo se ha pretendido engañar a los aragoneses.”
La conclusión del diputado fue clara al afirmar que “el Gobierno de Aragón, por escrito, no dijo la verdad. Desvió la atención y después en su respuesta escrita y en la interpelación de la Sra. Pérez engañó a los aragoneses a través del Parlamento de Aragón. No dijo la verdad en el Parlamento, no dijo la verdad en un escrito oficial del Gobierno de Aragón y por lo tanto, ha intentado engañar a los aragoneses.”

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