TRIBUNALES

El juez del caso Oikos pide ampliar la instrucción durante 18 meses más

Dicta un auto en el que anuncia que tomará declaración a los investigados e imputa a los 26 jugadores del Reus por su partido ante el Valladolid

El ex jugador del Huesca Íñigo López, a la salida de los juzgados oscenses en mayo de 2019 / Pablo Segura
El ex jugador del Huesca Íñigo López, a la salida de los juzgados oscenses en mayo de 2019 / Pablo Segura

El juez Ángel de Pedro ha imputado a toda la plantilla del Reus por el presunto amaño del partido con el Valladolid con una supuesta prima del Huesca en el año 2017. Así consta en un auto emitido el lunes dentro del período de diligencias previas. Asimismo, reclama que se amplíe en otros 18 meses el plazo de instrucción, que expira el próximo 2 de mayo, para "preparar el juicio oral" y facilitar "a las partes los hechos necesarios, bien para formular el escrito de acusación, bien para solicitar el sobreseimiento".

El auto requiere a la Policía Judicial que aporte copia del informe de la institución FEDERBET, que traduzca al idioma español el informe de integridad de la UEFA sobre el partido SD Huesca-Gimnástic de Tarragona y el ofrecimiento de acciones, previa lectura de sus derechos, a la Dirección General de Ordenación del Juego para que cuantifique "el perjuicio económico causado por la posible predeterminación fraudulenta del encuentro Huesca-Gimnastic de Tarragona".

Se tomará declaración, anuncia el escrito, a doce personas que realizaron apuestas al Huesca-Nástic por su participación "en un presunto delito de estafa al haber apostado, presuntamente, conociendo el resultado del encuentro". También se tomará declaración a Iñigo López por su "participación en presuntos delitos de corrupción en el deporte y uno de pertenencia a organización criminal" en partidos como el Sariñena-Cariñena, Reus-Valladolid y Huesca-Nástic.

También se tomará declaración al empresario Luis Ardid y se solicita a la SD Huesca que aporte facturas de empresas proveedoras del club. Asimismo, anuncia a la propia entidad deportiva que su representante procesal, Manuel Torres, también deberá comparecer ante el juez y mantiene que el club figura en calidad de investigado. El Huesca lleva esperando mucho tiempo para poder pronunciarse y dar su versión de todos los hechos que se le imputan como entidad.

Asimismo, el juez requiere la toma de declaración, en calidad de investigados, de los 26 componentes de la plantilla del Reus y al entrenador López Garay "por su participación -dice el auto- en un presunto delito de corrupción en el deporte", referido al encuentro Reus-Valladolid, del 4 de junio de 2017. También solicita la hoja histórica penal de todos ellos y les permite prestar declaración por videoconferencia al residir en diversas localidades de la geografía española.

Los investigados Carlos Laguna, Jesús Sanagustín y Agustín Lasaosa, que "manifestaron su voluntad de no declarar en tanto no se levantara el secreto de las actuaciones" tendrán cinco días para ser oídos a la vista de que ya no rige el secreto y del contenido del informe policial.

Otro asunto destacado es "en relación al volcado de uno de los teléfonos móviles propiedad de Carlos Aranda". El juez autoriza "que sea analizado en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº5 de Huesca en presencia del letrado de la Administración de Justicia, que dará fe de lo observado dentro del terminal objeto de análisis. Que se autorice a la transcripción de las conversaciones contenidas en dicho terminal, así como de los archivos multimedia que en ese dispositivo se encuentren. Esta diligencia se realizará en presencia de los abogados de los investigados lo solicitasen y que puedan verse afectados por la medida (Carlos Aranda, Raúl Bravo, Borja Fernández, entre otros), y en todo caso, bajo la fe del letrado de la Administración de Justicia. Debiendo la Policía judicial coordinarse con éste", indica.

Igualmente, se solicita a la Policía Judicial que, en relación al informe del análisis de los teléfonos intervenidos a los investigados Samu Sáinz y Carlos Martín Briones (partido Sariñena-Cariñena), que esos terminales no se devuelvan hasta que se analicen de nuevo y se de un plazo de quince días "al objeto de ampliar dicho informe".

El auto concluye indicando que "en relación a la complejidad de la causa, y a la posible prórroga del plazo máximo de instrucción" debería escucharse al Ministerio fiscal y demás partes personadas, al objeto de que informe, en el plazo de cinco días, sobre si procede prorrogar dieciocho meses más el plazo máximo de instrucción".