ASAJA califica la campaña de fruta como ruinosa para el productor

La organización empresarial agraria ASAJA ha denunciado que, tras unas campañas desastrosas, el inicio de la presente generó cierta esperanza en los fruticultores del valle de Ebro, que albergaron esperanzas de que la menor producción esperada hiciera remontar unos precios desastrosos para el agricultor. Sin embargo el desarrollo de la campaña ha sido desastroso; si bien es cierto que los precios son superiores a la campaña del año pasado, los precios a los que se está liquidando al productor no sirven para cubrir los costes de producción. A esta situación hay que sumar el endeudamiento que arrastran los fruticultores ocasionados por las duras campañas pasadas.

Desde Asaja denuncian que los problemas de años anteriores, como la venta a resultas o el abuso por parte de la gran distribución siguen siendo una práctica habitual, abocando al sector productor hacia una ruina segura.

Asaja propuso, en las numerosas reuniones mantenidas desde el año pasado, medidas como el arranque apoyado económicamente para aquel que abandone la actividad, la puesta en marcha de una interprofesional o las ayudas a la financiación no se han visto puestas en marcha, ni las que dependían del Ministerio de Agricultura ni las que dependían de la Diputación General de Aragón o la Generalitat de Cataluña.

Además de esta grave situación el sector frutícola debe soportar que se le acuse de ser el responsable de la subida del IPC, cuando esto es debido al precio de venta al consumidor que sufre una subida del 400% respecto al precio percibido por el agricultor.

Desde Asaja destacan que la economía de una amplia zona del valle del Ebro, que genera 35.000 puestos de trabajo directos está en grave riesgo de desaparición si no se toman medidas urgentes, y reivindican que se facilite una salida digna y rentable para aquel que deba abandonar la actividad frutícola y se garantice que los que continúen en la actividad puedan ganarse la vida, sin verse como ahora sucede, atropellados por la gran distribución que fija precios con criterios que no tienen en cuenta los costes de producción del fruticultor.