agricultura 

La DGA envía al Madrid la posición de Aragón en el Plan Estratégico Nacional para la PAC post 2020

Reunión de Olona en Madrid para analizar entre otros asuntos la PAC
Reunión de Olona en Madrid para analizar entre otros asuntos la PAC

La consejería de Agricultura de la DGA ha enviado al Ministerio la postura que defiende Aragón respecto a la regulación de la nueva PAC definiendo la reforma del Reglamento de los Planes Estratégicos, Reglamento sobre financiación, gestión y seguimiento de la PAC y Reglamento de organización común de mercados. 

El documento defiende la necesidad de afrontar desde la PAC la enorme brecha de renta que sufren las personas que viven de la agricultura y la ganadería del resto de sectores, por lo que sus firmantes piden que la ayuda se concentre en el modelo familiar de agricultura profesional. Apuestan por “aumentar el apoyo a jóvenes y mujeres y que elimine los agravios, tanto territoriales como individuales, del modelo vigente de ayuda, hace absolutamente imprescindible la completa y definitiva supresión de los derechos individuales, así como las referencias históricas que regulan la aplicación vigente de las ayudas directas”. Tanto para el consejero como para las fuerzas políticas y las organizaciones agrarias aquí representadas, esta supresión de los derechos individuales y de las referencias históricas debe tener lugar en el año 2023, sin aplicación de periodos transitorios ni de procesos de convergencia, “al objeto de eliminar de forma inmediata y definitiva los agravios territoriales e individuales que se han generado”.

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Consideran prioritario que la nueva denominación de ‘agricultor genuino’ reconozca a esta figura como “único y exclusivo posible perceptor de los pagos directos, siendo deseable que se le exija unos ingresos agrarios que representasen al menos 50% de los ingresos totales, exigiéndose además, unos ingresos mínimos anuales potenciales de 5.000 euros procedentes de la venta de productos agrícolas y ganaderos (producción estándar)”.

Asimismo, define como ‘agricultor genuino plus’ a quien acredite unos ingresos agrarios que supongan al menos el 50% de los ingresos totales conforme a la declaración del IRPF, así como el alta en el régimen de la Seguridad Social Agraria que corresponda. “Deberán cumplir con esta exigencia los agricultores y agricultoras solicitantes de ayudas del segundo pilar, así como de ayudas complementarias y asociadas del primer pilar”, detalla el escrito.

El texto recoge la idea de que la Ayuda básica a la renta se aplique a todas las superficies cultivadas, así como a todos los pastos que soporten una mínima carga ganadera que permita llevar a cabo un pastoreo real y efectivo, debiendo limitarse, en cualquier caso, a un importe máximo de 100.000 euros por persona física o jurídica beneficiaria, y aplicando un coeficiente de modulación por tramos a partir de 60.000 euros.