La Orden de Prórroga del Presupuesto 2018 garantiza las inversiones en marcha y las transferencias a entidades

El Boletín Oficial de Aragón publica este 31 de diciembre la Orden del consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón por la que se determinan las condiciones a las que ha de ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2018, hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos para 2019. Tal y como dispone el Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 111 apartado 3, puesto que la Ley de Presupuestos para el año 2019 no va a ser aprobada antes del día 1 de enero, el presupuesto de 2018 se considera automáticamente prorrogado. Además, el artículo 38 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, establece en su apartado 3 que la estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse.

Así las cosas, a partir del 1 de enero de 2019 se prorrogarán automáticamente los créditos iniciales aprobados para el año 2018, salvo los créditos para cobertura de gastos correspondientes a objetivos y programas cuya vigencia temporal finalice en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan. Los créditos del estado de ingresos y de gastos se prorrogarán por su importe inicial, que asciende a 5.989.709.471,08 euros.

Con carácter general, la Orden establece que se entienden prorrogados para 2019 los créditos iniciales de los capítulos I, II, III y IX, salvo los que se refieran a gastos relativos a servicios o programas cuya vigencia temporal se limite al ejercicio 2018.

Con la publicación de este texto, el Gobierno de Aragón garantiza la continuidad de la recuperación de las políticas sociales y los compromisos adquiridos a lo largo de la legislatura, al quedar prorrogados también los gastos del capítulo IV que financien el funcionamiento de los servicios. En el Capítulo IV se consignan créditos destinados a efectuar pagos, sin contrapartida directa, tanto para la financiación de operaciones genéricas o transferencias, como para la financiación de operaciones corrientes con un fin concreto específico; o subvenciones, ya sean nominativas, excepcionales o regladas y ayudas en especie.

Quedan por tanto garantizadas las transferencias a las administraciones públicas, como son la universidad, las comarcas y los ayuntamientos, a las empresas públicas y a los entes del sector público autonómico, por lo que el conjunto de las entidades del sector público podrá continuar impulsando proyectos y servicios.

En cuanto al capítulo VI, la continuidad de los proyectos y obras en ejecución y con obligaciones reconocidas durante 2018 queda garantizada, por lo que los proyectos en centros escolares, sanitarios u obras de depuración en ejecución, podrán continuar efectuándose. De hecho, la prórroga establece la disponibilidad de los créditos necesarios para dar cobertura a los compromisos adquiridos en el ejercicio de 2018 (o anteriores) y los compromisos derivados de la ejecución de expedientes plurianuales o de tramitación anticipada, señalando que deberán efectuarse las correspondientes modificaciones presupuestarias en el supuesto de que los créditos prorrogados sean inferiores a los compromisos adquiridos.

También se entienden prorrogadas las operaciones corrientes que se financien con los créditos que tenga la naturaleza de ampliables en el artículo 6 de la Ley de Presupuestos para 2018, dado que poseen esta naturaleza los créditos especialmente afectados al funcionamiento de los servicios públicos y atención de las necesidades colectivas.

La Orden señala que a partir del 1 de enero de 2019 no se podrán adquirir nuevos compromisos de gasto financiados íntegramente con recursos propios en los capítulos IV, VI, VII y VIII, salvo que se trate de gastos indispensables para el normal funcionamiento de la Comunidad Autónoma y/o la atención ordinaria de las necesidades colectivas en el caso del capítulo IV o imprescindibles para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos en el caso de los capítulos VI, VII y VIII, pudiendo ser excepcionados por el consejero de Hacienda.

Respecto a los créditos financiados o cofinanciados con recursos procedentes de la Unión Europea, la Orden establece que se tendrá en cuenta los compromisos de la programación establecida para el periodo 2014-2020, de acuerdo con la anualidad 2019 programada por los órganos competentes, sin que, en ningún caso, esto suponga importe superior al crédito inicial de 2018. Los restantes créditos financiados o cofinanciados con recursos procedentes de otras entidades públicas o privadas con carácter finalista serán disponibles por el importe aprobado en la Ley de Presupuestos de 2018, siempre que exista constancia de su continuidad. De este modo quedan garantizados proyectos cofinanciados con estos fondos como la extensión de banda ancha, el plan de administración electrónica o actividades de formación y promoción del empleo.

La Orden de Hacienda establece, asimismo, que con carácter excepcional podrán tramitarse de manera anticipada expedientes de contratación que vayan a dar lugar a compromisos de gasto y reconocimiento de obligaciones en 2019, de acuerdo a una serie de requisitos establecidos en el documento que regula la prórroga, entre los que se encuentra la justificación de la urgente e ineludible necesidad de licitación para la prestación de servicios públicos de educación, sanidad o servicios sociales, o que el procedimiento de contratación llegue como máximo al momento anterior de la propuesta de adjudicación.

En otro orden de cosas, la Orden contempla también la posibilidad, por parte del Departamento de Hacienda y Administración Pública, de proceder al bloqueo de créditos para su no disponibilidad al objeto de cumplir los objetivos de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria que resulten de aplicación para la Comunidad Autónoma en 2019.

Por último, el Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón tiene previsto cumplir el compromiso de aumento retributivo para los empleados públicos en 2019, acordado en la Mesa General de Negociación de la Administración Pública.