RIBAGORZA

La reversión de los saltos hidraúlicos debería reducir la factura de la luz

José Ignacio Gairin, considera necesario  avanzar en las mesas de negociación porque son muchos los saltos que van a revertir a la Administración.

Campo. Salto auxiliar
Central auxiliar de Campo

Jose Ignacio Gairin, ingeniero jefe de zona de los saltos hidráulicos en los ríos Cinca y Esera, entre 1984 hasta el 2002, en las empresas Hidroeléctrica de Cataluña y Endesa Generación, considera muy positivo que la sociedad en general tenga acceso a la información sobre la finalización de las reversiones de los saltos hidráulicos para que, los ciudadanos sepan, y también la administración, lo importante de solicitar, en plazo, la reversión de esas concesiones que están a punto de caducar con el fin de abaratar el precio de la luz máxime en momentos de crisis y con población en riesgo de pobreza energética.

Gairin explicaba que el coste de la materia prima es cero (el agua del rio) y los
beneficios muy altos, además, el sistema de fijación de precios en España es marginalista y efectuado mediante la casación de oferta y demanda de energía, calculado hora a hora. Eso hace que las hidroeléctricas y, especialmente, las denominadas de agua fluyente (presa con canal de derivación) oferten en el mercado (denominado POOL) siempre a precio cero, ya que si no turbinaran el agua, ésta saltaría por la presa o azud y la perderían. Como otras tecnologías entran a precios más hace que las hidráulicas cobren a este precio final. Si a esto añadimos, concluía Gairin, que todas ellas están amortizadas , no cabe duda que el negocio es descomunal.

José Ignacio Gairín

Gairin recordaba que la Ley de Aguas se refiere textualmente a la extinción del derecho concesional, tras el cual, ‘revertirán a la Administración competente, gratuitamente y libres de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento’.

Señalaba que, todavía hoy, las concesiones se hacen por períodos de 75 años, un plazo adecuado en su momento, añadía ya que las centrales se tenían que amortizar pero en la actualidad, cuando ya están más que amortizadas, considera que un período de 50 años sería suficiente.

España cuenta en la actualidad con 800 centrales hidroeléctricas, construidas, principalmente, entre 1945 y 1955. Una veintena de las mismas tienen más de 200MW de potencia instalada, lo cual representa el 50% de la producción hidráulica, mientras que, el resto corresponde a pequeños saltos con potencia inferior a 20MW que se ubican en diferentes pueblos repartidos por la geografía nacional. Gairin indicaba que, en la mayoría de los casos, las concesiones se realizaron sin contraprestación a las compañías eléctricas en los embalses realizados por el Estado.

Con datos del IDEA de finales del 2017 , en Aragón había 1334 MW hidráulicos
instalados. El porcentaje de capacidad hidráulica para producción que le corresponde, donde ya ha acabado la concesión, es del 3% de todo el Estado.
Gairin indicaba que tarde o temprano habrá que buscar una solución para que, una parte de esos cuantiosos beneficios, repercutan de manera proporcional a los municipios que tengan esas instalaciones y por tanto a las comarcas en sí.
Las hidroeléctricas tienen difícil evitar las reversiones al Estado y recordaba como ya ha existido un aval a estas nacionalizaciones por parte de la Audiencia Nacional cuando convalidó, en 2018, la reversión al Estado de la central auxiliar de Campo, en contra de las prórrogas que solicitaba Acciona a través de la patronal UNESA .

Opinaba que sería conveniente que los saltos pueden quedar en manos de la administración o bien, pasado un tiempo, salir a concurso público previa licitación correspondiente. A partir de ahí ofrecer la posibilidad de que los municipios que tengan saltos con potencias pequeñas, puedan asumir la propiedad a través del concurso público, que en el caso de los municipios con centrales de gran potencia sería imposible por el grado de endeudamiento que supondría.

En cualquier caso, recordaba que en muchas concesiones existe una cláusula que indica que se debe reservar para el Estado energía para fines de servicio público y que, ésta representa alrededor del 25% de la energía producida por cada central a precio de coste.

Concluía señalando que es imprescindible avanzar en las mesas de negociación con todas las partes afectadas a fin de esclarecer y normalizar unos hechos actuales y futuros porque son muchos los saltos que en los próximos años, revertirán a la Administración.

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