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El expresidente de la Comarca del Bajo Cinca niega que haya habido sobrecostes en la nueva sede

El expresidente y el exconsejero de Hacienda  se ponen a disposición de la Fiscalía para demostrar que no hubo sobrecostes en la sede del Bajo Cinca

Sede Comarca Bajo Cinca
Sede Comarca Bajo Cinca

El expresidente de la Comarca del Bajo Cinca, Francisco García, y el exconsejero de Hacienda, Jaume Borbón, se ponen a disposición de la Fiscalía para acreditar que el procedimiento administrativo seguido en las certificaciones de la nueva sede son correctas, frente a la denuncia presentada por el actual presidente Evaristo Cabistañ que cifra en más 300.000€ el posible sobrecoste de las obras.

Ambos miembros del equipo de Gobierno del Bajo Cinca en el anterior mandato, señalados por la denuncia, consideran que la publicación de la misma es una filtración interesada, aparte de una patente falta de respeto y consideración a la labor de la fiscalía, constituye también una manifiesta irresponsabilidad de quien la ha cometido y supone un grave quebranto al derecho fundamental de defensa de los que suscriben ya que, en este momento, ninguna comunicación han recibido sobre los hechos supuestamente denunciados, por lo que ni han conocido la denuncia formulada, ni han tenido la oportunidad de demostrar la inexistencia de irregularidad alguna en relación con la ejecución de la obra de la sede comarcal.

Además, la difusión de hechos que, en la actualidad, supuestamente, están siendo objeto de las correspondientes y normales diligencias de averiguación por la fiscalía, dada su trascendencia pública, afecta tanto a esa labor como, de manera grave, a los derechos al honor, intimidad y propia imagen de los afectados por la misma, que, injustamente, sin posibilidad alguna de defensa, han visto sus nombres implicados en una acusación interesada y con claros fines políticos. Se reservan, por ello, explican en un comunicado, las acciones que correspondan contra quienes hayan podido vulnerar los derechos de quienes suscriben.

Ambos manifiestan su disposición, si llega el caso, a colaborar plenamente en acreditar un procedimiento administrativo que fue llevado a cabo con total limpieza, garantizada por el respeto a la normativa y trámites, en aras a los intereses generales de los vecinos de la comarca, culminado con eficacia y con una rigurosa gestión de los fondos públicos -se mantuvo el presupuesto inicial de 2010-, a pesar de la complejidad de tener que afrontar la complicada situación de una obra suspendida y bloqueada en 2011, deteriorada y adjudicada en el mandato precedente. Gracias a todo ello, la comarca así como otras entidades sociales, ya que fueron cedidos espacios, disponen de unas instalaciones adecuadas para desarrollar su importante tarea.

Solamente la animadversión, añaden, la voluntad de causar daño y la persecución de fines políticos o personales podrían a nuestro juicio, motivar el interés en propagar esa denuncia de parte hacia los medios de comunicación -cuya función respetan- y en haberlo hecho en un día concreto, justamente coincidiendo con circunstancias de inestabilidad en otra institución local, como vano intento de presión y tratando de esquivar en adelante potenciales efectos sobre la presidencia y gobierno comarcal, dados sus equilibrios de siglas en el Consejo.

Antecedentes 

La Comarca del Bajo Cinca puso en conocimiento de la Fiscalía un posible sobrecoste en la construcción de su sede en 323.289,16 euros, ya que las certificaciones de obras no coincidían con las calidades utilizadas o estaban sin justificar. Tras realizar un peritaje con técnicos para comprobar estos datos, la documentación era trasladada al Ministerio Fiscal, que ha decido abrir una investigación para esclarecer si hubo o no irregularidades.


La historia de la sede de la Comarca del Bajo Cinca es compleja ya que data del año 2010 cuando el ente supramunicipal adjudicaba los trabajos de la nueva sede a la Constructora Lumbierres por 1.900.000 euros, pero al cabo de un año paralizaba las obras por entrar en concurso de acreedores.

En 2011, hubo un cambio en el equipo de Gobierno del Bajo Cinca y entró a gobernar la coalición PP-PAR, que volvió a sacar a licitación los trabajos que faltaban y los adjudicó a la UTE integrada por la Constructora Calaf y Pinillos por 1.187.383,73. La nueva sede se inauguraba en enero de 2014 con un presupuesto final de 2.982.235€.

Esta no es la primera vez que se denuncian irregularidades ya que en el 2010 Convergencia de Democrática de la Franja acudía al Justicia de Aragón para denunciar presuntas irregularidades en el procedimiento de contratación de del proyecto de la sede. El Justicia observaba que la Ley de Contratos del Sector Público no se cumplía en algunos puntos como la falta de referencia el contrato o que no hubo una constitución de un comité técnico de valoración. Si bien el Justicia recomendaba no anular el contrato ya que sería más perjudicial hacerlo ya que las obras estaban en marcha.


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