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CHA pide al Ayuntamiento que los contratos menores sean para empresas de la ciudad

Consideran que la situación actual choca con el desarrollo sostenible y la creación de empleo en la ciudad

La denuncia de los libreros de Huesca criticando una praxis que ha pasado de comprar libros para las bibliotecas todo el año en las librerías de la ciudad, a realizarse en un contrato público que ha sido adjudicado a una empresa de Almería ha llevado a Chunta Aragonesista a recordar que el consistorio debe intentar que los contratos menores sean para empresas de la ciudad.

Indican desde esta formación política, que la publicación por parte del ayuntamiento de la mayor parte de los contratos, no todos, supone no fomentar el empleo local, ni apoyar las PYMES autóctonas ni al comercio de proximidad, ni apostar por un desarrollo más sostenible.

Sonia Alastruey miembro del Consello Nazional de CHA denuncia que “esta situación choca con el desarrollo sostenible y la creación de empleo en nuestra ciudad, favoreciendo a empresas de fuera cuando contamos con profesionales en todos los sectores, y es que por ahorrar una cantidad irrisoria a las arcas municipales no se crea riqueza aquí”.

Pero además, ponen otros ejemplos como la carpa de las fiestas del Barrio de Santiago por casi 3.500 euros a una empresa de Madrid, el alquiler y montaje de las carpas destinadas a los “chiringuitos” en la avenida Monegros por 14.900 euros a una empresa sevillana, la poda de plátanos en el Parque Miguel Servet por 10.700 euros a una empresa de Albacete o la adquisición de una máquina de endoterapia, productos fitosanitarios y formación en el manejo de la máquina, por 8.200 euros a una empresa de Girona.

La propuesta de CHA sería que en los contratos menores, tanto de obras como de servicios, se invite a las empresas ubicadas en el municipio, siempre que existan las mínimas exigidas por ley para cada tipo de contratación y éstas cumplan la solvencia exigida para la capacidad de obrar y la habilitación profesional para realizar la prestación, lo que no supone que un licitador de fuera del municipio, enterado de la necesidad del ayuntamiento, presente una oferta en el plazo indicado para ello.

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