sucesos

Condenado a cuatro años el autor de una agresión sexual en las fiestas de San Lorenzo de 2018

Los magistrados han valorado en su resolución el testimonio persistente y coherente de la víctima y rechazan las declaraciones del acusado

Palacio de Justicia, Audiencia Provincial de Huesca
Palacio de Justicia, Audiencia Provincial de Huesca

El acusado de agredir sexualmente a una joven en las fiestas de San Lorenzo de 2018 ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Huesca a cuatro años de prisión. Según adelantaban a Efe fuentes jurídicas, el tribunal oscense rebaja de siete a cuatro años de cárcel la condena inicialmente solicitada por la fiscalía y aplica una atenuante de reparación del daño causado por el pago de la indemnización solicitada para la víctima.

Además, los magistrados han valorado en su resolución el testimonio persistente y coherente de la víctima y rechazan a su vez las declaraciones del acusado, que negó durante la vista la existencia de un contacto sexual.

Los hechos se produjeron en la tarde el 9 de agosto tras el lanzamiento del cohete anunciador, en el domicilio de la víctima. El supuesto agresor aprovechó que la joven se encontraba descansando para realizarle tocamientos hasta acabar consumando el acto sexual sin su consentimiento. La víctima consiguió salir a la calle cuando este se quedó dormido, y allí fue auxiliada por dos jóvenes, con las que alertó a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios.

Tanto en este como otra supuesta agresión sexual ocurrida en dichos festejos, las víctimas no presentaron denuncia, pero la Policía Nacional abrió dos investigaciones de oficio para esclarecer lo ocurrido. Hubo manifestaciones en apoyo y diversas formaciones políticas pidieron la dimisión de la entonces subdelegada del Gobierno en Huesca, Isabel Blasco; la del alcalde, Luis Felipe; y la de la exconcejala de Seguridad Ciudadana, Teresa Sas; por no haber reconocido en un primer momento públicamente que se habían abierto investigaciones por lo ocurrido.

El Ayuntamiento abrió una comisión de investigación para analizar la gestión de la información en la que se decidió, finalmente, que el consistorio no debía informar sobre delitos sexuales.