salud pública

El juzgado ordena a la DGA dotar con los equipos de protección necesarios a los sanitarios

Incluye elementos como mascarillas, protección ocular, facial, guantes, gorros o geles

Edificio del Palacio de Justicia de Huesca
Edificio del Palacio de Justicia de Huesca

El Juzgado Social de Huesca ordena a la DGA, al Salud y al IASS que entreguen equipos de protección individual a los profesionales sanitarios en el plazo de veinticuatro horas, en la provincia, a petición del Sindicato médico FASAMET, como el pasado día 27 ordenó el Juzgado número 1 de Zaragoza en la provincia de Zaragoza.

Es por ello que adoptan las medidas cautelarísimas de requerir a la Diputación General de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, para que proporcione a los empleados públicos sanitarios los equipos de protección individual adecuados por riesgos de exposición ante el agente biológico virus SARS-CoV-2 y el riesgo de contagio o infección desarrollando la enfermedad Covid-19, en el plazo de veinticuatro horas y reponerlos cuando sea necesario, en la provincia de Huesca.

Los elementos que componen los equipos de protección individual son, entre otros, los siguientes: bata resistente a líquidos o impermeable; protección respiratoria (“mascarillas”) con eficacia de filtración FFP2 o FPP3; protección ocular anti-salpicaduras, o de montura integral o un protector facial completo; guantes; gorros; calzas específicas; hidrogel o hidroalcohol biocida; y, contenedores de residuos, de diversos tamaños.

El Sindicato fundamentó su solicitud ante el Juzgado en un riesgo grave para la salud de los empleados públicos y de los pacientes y ciudadanos atendidos, derivado de la situación de pandemia, con un elevado porcentaje de contagiados y enfermos entre profesionales sanitarios.
Es notorio que los empleados públicos, profesionales del ámbito de la sanidad, de la salud pública y de los servicios socio-sanitarios, están prestando sus servicios profesionales sanitarios con muchas dificultades para evitar la propagación de la enfermedad y el contagio entre la población y, entre los propios profesionales de la Sanidad, debido a la falta de medios de protección. Dicha falta de medios es un riesgo no sólo para la salud de los propios empleados públicos, profesionales sanitarios, sino para la salud de los pacientes, sus familiares y, en general, de los ciudadanos.

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