Se cumplen 20 años de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios

Este año 2004 se cumplen ya dos décadas de la entrada en vigor de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley 26/1984 de 19 de julio en la que se dictan los derechos básicos del consumidor. Se trata de una ley aprobada en el año 1984, un tiempo después del polémico caso del aceite de colza desnaturalizado ocurrido en nuestro país. En su momento, esta Ley supuso un gran avance en la defensa del consumidor, pero tras sus veinte años de vigencia se observa un cierto parón en su desarrollo reglamentario, ante lo que las autoridades públicas sugieren una necesaria remodelación de esta legislación.

Se trata de un ley dirigida a garantizar los derechos de los consumidores y usuarios en seis apartados fundamentales. El primero, el derecho a la Protección de la Salud y la seguridad del consumidor, en el que se contempla que cualquier producto o servicio que suponga un peligro para la seguridad y salud del consumidor, tendrá que ser retirado del mercado. Además se fija que los poderes públicos son quienes han de velar por la seguridad, calidad y salubridad de los bienes y servicios ofertados en el mercado.

Como segundo apartado figura el derecho a la protección de los intereses económicos y sociales del consumidor, mediante el que esta ley pretende protegerlo de los abusos de poder de vendedor. El tercer apartado, es el del derecho a la reparación de los daños y perjuicios sufridos por el consumidor a la compra o utilización de productos defectuosos o de servicios insuficientes, un derecho que suelen reivindicar los consumidores a través de las asociaciones de consumidores. Precisamente, esto figura en el quinto apartado, el llamado derecho a la representación que contempla que los usuarios puedan constituirse en organizaciones para defender así sus intereses de manera conjunta.

El derecho a la información y educación en materia de consumo, es el cuarto apartado que incluye esta ley mediante el que se pretende que el consumidor tenga así la capacidad suficiente para realizar una óptima selección entre productos o servicios.

Por último, esta ley recoge el derecho a la protección jurídica, administrativa y técnica que el consumidor podrá recibir de las administraciones públicas competentes frente a situaciones de inferioridad, abuso o indefensión.