CHA solicita la creación de una fiscalía especial del medio ambiente

El candidato al Congreso de los Diputados, Eduardo Pueyo, ha exigido la creación de una Fiscalía Especial de Medio Ambiente. Para Pueyo es necesario disponer de dichas fiscalías especiales tanto por el incremento de las agresiones al medio como por las escasas sentencias condenatorias que se producen.

Pueyo ha subrayado que de los más de cien mil casos de infracciones ambientales que cada año denuncia el SEPRONA, unos tres mil tienen el carácter de atestados. A esto hay que añadir otros delitos denunciados por particulares, asociaciones, agentes forestales o investigaciones abiertas por las propias fiscalías. El lema de esta iniciativa es ?El que contamina, paga?.

Sin embargo, las sentencias condenatorias de los Juzgados de los Penal o las Audiencias Provinciales suponen pocas decenas, mientras que el resto de los casos se archivan porque el Juzgado o la Fiscalía no estima que existe delito, o porque no se ha identificado el autor.

CHA considera que la prevención es el mejor medio para mejorar nuestra calidad de vida y el legado natural a nuestras generaciones venideras, por lo que proponemos la implantación progresiva de la fiscalidad ambiental, destinada a corregir las conductas de empresas y consumidores mediante la internalización de los costes externos que generan sus acciones y que suponen impacto sobre el medio ambiente, gravando las actividades más contaminantes e incentivando los cambios tecnológicos para su eliminación, en resumen aplicar la máxima de que quien contamina paga.

Otras medidas son desarrollar un plan creíble y eficaz de recogida de residuos sólidos urbanos, así como un plan de reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero y de los principales gases contaminantes, dar prioridad a las acciones coordinadas entre las administraciones y los empresarios de la industria para la reducción de los residuos peligrosos y de los productos tóxicos; alcanzar urgentemente un acuerdo con la industria química para una reducción sustancial de los residuos; considerar las autorizaciones ambientales como herramienta fundamental para la política ambiental; reforma del Consejo Asesor de Medio Ambiente para que sea un órgano plural; implantar una moratoria en el uso de cultivos y productos transgénicos; elaborar `planes especiales para la gestión de productos fitosanitarios y fertilizantes y desarrollar la Red de Parques nacionales, con transferencia a las CCAA de la gestión.