Las academias denuncian los grandes beneficios que obtienen los profesores particulares no reglados

Hasta 17.870.664 euros al año, eso es lo que facturan los profesores particulares en toda la provincia de Huesca y Zaragoza capital, según un estudio realizado por las Academias de Zaragoza. Dicho informe habla sobre el intrusismo en el sector de la enseñanza no reglada, y es similar al que presentara la Asociación Oscense de Academias Privadas hace un año. Las cifras, según apuntan las academias, vienen a poner de manifiesto de nuevo el alto grado de intrusismo de este sector en Aragón.

El estudio revela que los profesores particulares que no están establecidos legalmente y desarrollan su actividad en la provincia de Huesca y Zaragoza capital ingresan al año un total de 17.870.664 euros. Desde este colectivo se califica la situación como ?un claro fraude a la administración?.

De esa cantidad, los ingresos no declarados por profesores particulares no establecidos legalmente ascienden, en la provincia de Huesca, a 260.000 euros al mes (más de 43 millones de pesetas), lo que representa al año cerca de 500 millones de pesetas.

El estudio sobre el intrusismo que ahora se ha realizado en Zaragoza por el mismo equipo de profesores de la Universidad de Zaragoza que hizo el de Huesca hace ahora algo más de año y medio, revela que en la capital aragonesa el volumen monetario estimado que se ingresa al mes en economía oculta asciende a 113.393 euros entre clases a universitarios, 843.434 euros, en clases a no universitarios y 272.395 euros en clases de inglés.

Desde que se presentara el estudio sobre el intrusismo en la provincia altoaragonesa el pasado mes de octubre de 2002, la Asociación Oscense de Academias Privadas que preside Miguel Lucas Recio, ha mantenido numerosas reuniones con representantes de la Administración local y regional para reclamar medidas que pusieran coto a este problema que ocasiona graves perjuicios para las academias legalmente establecidas y que dan trabajo en la provincia altoaragonesa a más de 200 profesores, la mayor parte con contratos estables. Conviene recordar que entre algunas de las medidas adoptadas para combatir la economía sumergida, el Gobierno aragonés elaboró un decreto en mayo del 2003 que regula este tipo de enseñanza en el que se estipulaba los derechos del estudiante y las obligaciones de las academias.

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