CHA preguntará a Iglesias por la redacción de las Bases del Agua, que beneficia a dos de sus asesores

El portavoz de CHA en las Cortes, Chesús Bernal, califica de escandaloso que dos asesores del Gobierno de Aragón se beneficien de un contrato adjudicado por el propio Ejecutivo. El año pasado, CHA consiguió que se aprobara una ley para impedir estas ?coincidencias irregulares?, pero fue derogada en diciembre por la Ley de Acompañamiento.

Chunta Aragonesista preguntará al presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, en el pleno de control del próximo viernes 13 de febrero, si ?considera ética y políticamente apropiado que dos personas que prestan servicios como asesores de la Presidencia del Gobierno resulten beneficiadas con la adjudicación de una importante contrata del Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés del Agua?. El portavoz de CHA en las Cortes, Chesús Bernal, califica de escandaloso que dos asesores del Gobierno de Aragón se beneficien de este contrato adjudicado por el propio Ejecutivo. El año pasado, CHA consiguió que se aprobara una ley para impedir estas coincidencias irregulares, pero fue derogada en diciembre por la Ley de Acompañamiento.

Y es que el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés del Agua, ha adjudicado por 292.088 euros la elaboración de las Bases de la Política del Agua de Aragón a una Unión Temporal de Empresas que propone, como expertos para redactarlas, al catedrático de Derecho Administrativo y miembro de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, Antonio Embid, y al ingeniero agrónomo, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y asesor personal del presidente Marcelino Iglesias, Eugenio Nadal. El Gobierno de Aragón ha reconocido que ambos forman parte del equipo de 9 técnicos que elaborarán este documento de planificación hidrológica.

Al menos hasta el pasado 1 de enero, la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón impedía que los miembros de la Comisión Jurídica Asesora participaran en la elaboración de informes o borradores de proyectos de ley encargados por el Gobierno de Aragón. Esta prohibición se estableció a raíz de una iniciativa legislativa de CHA y fue recogida en la Ley 10/2003, de 14 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón. Unos 10 meses después, en la denominada Ley de Acompañamiento, el Ejecutivo proponía su derogación y los grupos que lo sustentan en las Cortes la aprobaban por mayoría en el pleno del 30 de diciembre de 2003.

Sin embargo, el artículo sobre incompatibilidades sí estaba en vigor el pasado 9 de septiembre cuando fue adjudicada la elaboración de las Bases de la Política del Agua a las empresas donde participan los dos asesores arriba mencionados. Por ello, Chesús Bernal asegura que este parece de dudosa legalidad.

En opinión de CHA, todo este procedimiento ha sido confuso y oscuro desde el mismo momento de la licitación del contrato. En ese momento no había constancia oficial de la voluntad del Ejecutivo de suprimir la Oficina para la formación de las Bases de la Política del Agua en Aragón que, por ley, era la encargada de redactar el documento. Fue seis meses después, en la Ley de Acompañamiento, cuando se aprobó la supresión de este órgano del IAE, que será efectiva a partir del 1 de octubre de 2004.

Chesús Bernal señanala además queresulta extraño la tardanza con la que se publicó la adjudicación del contrato ya que, aunque se realizó el 9 de septiembre, el anuncio por el que se hacía pública no apareció hasta dos meses y medio después.

Por todas estas razones, CHA asegura considerar imprescindible que el presidente del Gobierno de Aragón aclare ante el pleno de las Cortes las circunstancias en que se ha realizado todo el procedimiento y, sobre todo, qué opinión le merece el hecho de que dos de sus asesores se beneficien de este contrato adjudicado por su propio Ejecutivo.

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