Cartas al director: Despropósitos

Ana Grande, Diputada del PP en las Cortes de Aragón

Los Consejeros Autonómicos de Educación de las Comunidades gobernadas por el Partido Socialista celebraron recientemente en Zaragoza una ?minicumbre? en la que ejerció de anfitriona Eva Almunia, Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Ésta se despachó a gusto con críticas poco fundadas y una demagogia sin precedentes, tan habitual en ella hacia la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación aprobada por el Gobierno de la Nación.

El Partido Popular, cumpliendo con su Programa Electoral y teniendo claro la importancia que la educación posee en el progreso y desarrollo de un país, ha acometido a lo largo de esta legislatura cuatro reformas cruciales para esta mejora de nuestro sistema educativo: la Reforma de las Enseñanzas Mínimas de Educación Secundaria (Reales Decretos aprobados en diciembre de 2000), la Ley Orgánica de Universidades (diciembre de 2001), la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de F.P. (junio de 2002) y la recientemente aprobada Ley de Calidad de la Educación, que cuenta con un periodo de implantación de cinco años.

Esta última es la que nos ocupa, ya que en este curso académico deben entrar en vigor dos medidas de especial trascendencia para la mejora del sistema educativo, tan necesaria y tan demandada por la Comunidad Educativa. Las dos propuestas son: la supresión de la promoción automática (por la que actualmente los alumnos pueden pasar de curso con todas las asignaturas suspendidas) y el establecimiento de las pruebas extraordinarias. Se elimina así el espejismo del actual sistema, que supone una gran desmotivación para profesores y alumnos, los cuales veían que sin esfuerzo podían pasar de curso.

La Consejera ya manifestó su rechazo incomprensible hacia esta propuesta educativa cuando dijo que truncaba el desarrollo académico y profesional de los alumnos. ¿Sabrá lo que dice? Afirmaciones de esta irresponsabilidad sólo corresponden a personas que no tienen ni la más remota idea de Educación, con mayúsculas. Le sugiero que pregunte a los profesores, que acogieron con gran alegría esta medida, ya que son ellos los que día tras día tienen que hacer frente a estudiantes desmotivados y carentes de conocimientos.

Paralelamente a esta medida, la Ley establece la existencia de unas pruebas extraordinarias. Éstas las deberán fijar las Comunidades Autónomas porque es su competencia para todos aquellos alumnos que tienen que recuperar alguna asignatura, ya que, a partir de ahora, la promoción de curso se realizará únicamente con dos asignaturas suspendidas.

Y aquí de nuevo surge el rechinar de dientes. Se ha acordado en esa ?minicumbre? socialista que las citadas pruebas se realicen en el mes de junio. De nuevo, dentro de una falta de responsabilidad sin límites, la Consejera se ha decantado por esta fecha con el argumento peregrino de que de esta manera se garantiza a los alumnos igualdad de oportunidades al considerar la posibilidad de que otros profesores realicen un nuevo examen en septiembre. ¿Sabrá la Consejera que es su obligación conseguir que cuando se inicia el curso los profesores deben estar en los centros? ¡Qué torpeza!

Lógicamente ante semejante despropósito lo que ha conseguido es que la gran mayoría de los sindicatos de la enseñanza se manifiesten en contra de esta barbaridad, sólo explicable desde un desconocimiento total de la realidad educativa y de una utilización política de confrontación radical con el Gobierno de la Nación, que es el que mantiene el PSOE en el tema educativo.

La Consejera, guiada por conseguir una rentabilidad electoral igual que su partido, descalifica constantemente todas las reformas educativas que ha presentado el PP. Sin embargo, con dislates como éste lo único que consigue es impedir que esa oportunidad real que los alumnos tienen reconocida por la Ley, aunque le pese, sea una realidad. Afortunadamente, la sociedad española distingue muy bien la responsabilidad, la seriedad y el rigor frente a actitudes tan carentes de criterio sólo conducentes a ocultar deficiencias y a generar crispación.

Un político serio debe trabajar para conseguir el progreso y las mejoras que la sociedad demanda y nunca debe emplear temas tan importantes como la educación para ese enfrentamiento constante. La responsabilidad política pasa por establecer unas relaciones normales entre la Administración del Estado y las Autonómicas. El Estado Autonómico ha de estar presidido por el principio de lealtad y cooperación. Cualquier otro comportamiento no se entiende porque genera un retroceso considerable que los ciudadanos no se merecen.

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