CHA impulsa 7 de las 11 iniciativas que se debatirán en el próximo pleno de las Cortes de Aragón

La reforma del impuesto de sucesiones, la cárcel de Zuera, la política de menores de la DGA, la situación del AVE y el ferrocarril convencional en Aragón y las líneas eléctricas Aragón-Cazaril y Graus-Sallente son los temas incluidos en el orden del día

El orden del día del pleno que las Cortes celebrará los próximos días 2 y 3 de octubre incluye once puntos, de los que siete son iniciativas presentadas por el grupo parlamentario Chunta Aragonesista.

Concretamente, el jueves se debatirán dos proposiciones no de ley, una sobre la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones -presentada hoy en rueda de prensa-, y la otra instando al Gobierno de Aragón a crear una comisión de trabajo y seguimiento de la situación interna del Centro Penitenciario de Zuera ?para buscar fórmulas que mejoren la situación del personal y de los internos?, tras los dos suicidios registrados en el último mes y varios casos de agresiones.

En la sesión de control del viernes, el diputado Bizén Fuster interpelará al Gobierno de Aragón sobre su posición política en relación con la situación del ferrocarril en Aragón y, en concreto, sobre los incumplimientos e incidentes del AVE, sobre el descarte de las Cercanías por parte del Ministerio de Fomento y sobre el estado del ferrocarril convencional en Aragón.

La segunda interpelación se refiere a la política que el Ejecutivo va a desarrollar esta legislatura en el ámbito de la reforma de menores. La diputada portavoz de Asuntos Sociales, Yolanda Echeverría, insistirá en este tema con pregunta concreta a la consejera Ana de Salas para saber si su departamento tiene intención de prorrogar el convenio que mantiene con la empresa Arquitempo S.L. para la gestión del centro de reforma de menores San Jorge, el único que existe en Aragón, ante los problemas laborales denunciados por los educadores ?y que preocupan especialmente por su repercusión negativa para los menores internos?.

Las líneas de alta tensión Aragón-Cazaril y Graus-Sallente centrarán las últimas dos preguntas. El Ejecutivo deberá explicar qué actuaciones concretas ha llevado a cabo para impedir el desarrollo de ambas instalaciones y, concretamente, las que ha realizado tras la denuncia presentada por varias organizaciones integrantes de la Plataforma contra la Autopista Eléctrica en relación con el cableado sin autorización llevado a cabo por Red Eléctrica de España S.A. (REESA) .

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