Javier Callizo, Isabel Artero, y Juan José Vázquez, viceconsejeros de Presidencia, de Economía, y de Educación y Cultura

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón ha aprobado este martes el nombramiento de los viceconsejeros y directores generales del Ejecutivo autónomo. Se ha aprobado, además, el documento de alegaciones al trasvase del Ebro.

Javier Callizo ha sido nombrado viceconsejero de Presidencia y Relaciones Institucionales; Isabel Artero, viceconsejera de Economía, Hacienda y Empleo; y Juan José Vázquez, viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte.

En el departamento de Economía Santiago Coello se va a ocupar de la Secretaría General Técnica; Alain Cuenca ha sido nombrado director general de Asuntos Europeos y Acción Exterior; Ángel Moreno, director general de Trabajo e Inmigración; y Teresa Santero, directora general de Política Económica.

En cuanto a Educación y Cultura, Pedro García Villamayor, director general de Deporte; Natividad Mendiara, de Formación Profesional y Educación Permanente; Jaime Vicente Redón, de Patrimonio Cultural; Pilar Royo, de Gestión de Personal; Carmen Martínez Urtasun, de Política Educativa; Ignacio Revillo, secretario general técnico; y Pilar Navarrete, directora general de Cultura.

En cuanto al área de Salud, Vicente Piñeiro es el nuevo director general de Consumo; Luis Ignacio Gómez, de Salud Pública; y Manuel García Encabo, de Planificación y Aseguramiento.

Blanca Blasco se ocupa de la Dirección General de Familia y Luis Latorre es el nuevo secretario general técnico del Departamento de Servicios Sociales y Familia.

En Agricultura y Alimentación, José Antonio Guzmán ha sido nombrado secretario general técnico; Ramón Iglesias, director general de Producción Agraria; Eva Crespo, de Alimentación; Francisco Gimeno, de Desarrollo Rural; y Félix Báguena, de Fomento Agroalimentario.

Julio Tejedor es el nuevo director general de Vivienda y Rehabilitación; y Benito Ros, director general de Turismo.

El Consejo de Gobierno de la DGA también ha aprobado el documento de alegaciones al trasvase del Ebro, el convenio entre el Ejecutivo autónomo y Puertos del Estado para fomentar el tráfico portuario a través de PLAZA, la reclamación de más de 29 millones de euros por las obligaciones pendientes del INSALUD, y la modificación del Mapa Sanitario para adaptarlo a la nueva organización en Sectores de Salud, entre otras cuestiones.

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