El recurso ante el Constitucional por la DGA podría retrasar el encauzamiento del río Sosa

El concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Monzón, José Luis Escutia, en una nota de prensa, lamenta el recurso de competencias positivas interpuesto por el Gobierno de Marcelino Iglesias al Tribunal Constitucional, que afecta al encauzamiento del Sosa y que ha sido admitido a tramite por el mismo.

Para José Luis Escutia se trata de paralizar una obra incluida en el Plan Hidrológico Nacional, que no es ni un trasvase ni un pantano y sólo supone beneficios para los montisonenses. La obra tiene un presupuesto de 803.000 euros, sin coste para las arcas municipales ni del Gobierno de Aragón. Según el concejal de Urbanismo, el Gobierno de Marcelino Iglesias no tiene la misma actitud con las actuaciones en las riberas del río Vero en Barbastro o del Cinca en Fraga, demostrando, una vez más, su sectarismo hacia Monzón.

Desde el ayuntamiento, el equipo de Gobierno en funciones, espera que el Gobierno resultante de la constitución de la Corporación, el día 14 de junio, tenga la misma buena relación con Madrid que el actual, por que sólo así se podría evitar una demora de años en esta obra deseada por todos. José Luis Escutia

Cabe recordar que el Consejo de Gobierno de la DGA acordó requerir al Gobierno central que anulase la certificación del 20 de enero de 2003 sobre la afección de los proyectos y actuaciones a la conservación de la biodiversidad en las zonas de especial conservación (ZEC) y en las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) expedida por el Ministerio de Medio Ambiente relativas al proyecto de encauzamiento del río Sosa en la zona baja del Casco Urbano de Monzón (Huesca).El Gobierno de Aragón entendía que esta actuación del ministerio vulnera las competencias autonómicas en materia de medio ambiente y de gestión de espacios naturales.

El acuerdo, además de requerir la anulación de la certificación, planteaba una doble actuación en el caso de que el ministerio no atienda dicho requerimiento. Por un lado, autoriza a la dirección general de Servicios Jurídicos para interponer un recurso contencioso administrativo para declarar la nulidad de la certificación. Por otro, se acordaba plantear ante el Tribunal Constitucional conflicto positivo de competencia.

El Consejo de Ministros rechazó el requerimiento de la DGA, mientras se continuaba con el expediente en la Confederación Hidrográfica del Ebro, que en mayo remitió al BOE para su publicación el sacar a licitación el proyecto de encauzamiento del Sosa.

Para la ejecución de la primera fase se cuenta con una partida en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado de 803.040 euros, el presupuesto total de esta obra pública es de 2.316.000 euros

La primera fase contempla un tramo de 650 metros entre el puente de la Jacilla y el de la Nacional 240, en estas obras se incluye la apertura del tercer ojo del denominado Puente Viejo. El encauzamiento del Sosa es una vieja reivindicación de la población.