El acto de cesación ofrece posibilidades de defensa de los consumidores frente a la publicidad ilegal

Las Aulas de Consumo del Gobierno de Aragón han quedado inauguradas para este año 2003 con una jornada sobre la publicidad. Durante esta sesión se analizaba el papel del consumidor ante la publicidad, y las posibilidades legales que éste puede ejercer ante una situación de fraude. De entre ellas la acción de cesación, recientemente ampliada por la legislación vigente, es la que mayores posibilidades ofrece.

La traslación de varias directivas europeas a la legislación española ha supuesto la ampliación en la normativa vigente de la "acción de cesación", un instrumento jurídico para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios frente a las iniciativas publicitarias fraudulentas o que puedan lesionar sus intereses. En opinión del director general de Consumo, Florencio García Madrigal, la publicidad como elemento del mercado tiene una gran importancia económica (casi 11.542 millones de euros en 2001), pero también la condición de servicio público y "puede convertirse en una actividad lesiva cuando su finalidad sea la manipulación de necesidades y deseos sin remisión a códigos legales o éticos". Este ha sido uno de los temas que ha centrado hoy la jornada que, dedicada a analizar la publicidad como un servicio hacia el consumidor, ha abierto el curso de Aulas de Consumo 2003.

Florencio García ha explicado que existen dos posibilidades básicas en la protección del consumidor frente a la publicidad asociadas al control público, "de una parte, las acciones de cesación en materia de publicidad ilícita, de publicidad de medicamentos y de radiodifusión televisiva que lesionen intereses colectivos o difusos de los consumidores, así como la exigencia de información y publicidad veraz en Internet y la protección de datos en el comercio electrónico, y, de otra, la corregulación o autoregulación de la comunicación comercial con la elaboración de códigos de conducta".

El director general de Consumo ha recordado también que el derecho básico del consumidor es el derecho a una información correcta, completa, objetiva y veraz, "por lo que puede exigir lo mismo que publica el anuncio, ya que la publicidad obliga como parte del contrato, y es el anunciante quien debe probar la veracidad de sus afirmaciones". En cuanto a las nuevas tecnologías, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico refuerza la protección frente al envío de publicidad no solicitada por correo electrónico, exigiéndose en todo caso el consentimiento previo del destinatario para su recepción, regulación aplicable a los mensajes publicitarios que se envíen por medios equivalentes, como los mensajes cortos (SMS) remitidos a los usuarios de teléfonos móviles.

Florencio García ha indicado que cuando el consumidor se sienta defraudado tras adquirir un producto que no coincide con las características del anunciado, debe ponerlo en conocimiento de la empresa de forma fehaciente. Si la publicidad se difundió a través de un medio escrito es muy conveniente conservar un ejemplar de dicho anuncio. Si la empresa anunciante no le ofrece una solución satisfactoria, puede solicitar el asesoramiento y la mediación de la oficina de información al consumidor de su ayuntamiento, o de una asociación de consumidores. En caso de no obtener un acuerdo por este procedimiento, puede ser conveniente solicitar un arbitraje de consumo, que es de voluntaria aceptación para el fabricante, o bien denunciar la situación ante la Dirección General de Consumo o sus Servicios Provinciales.

Asimismo, se puede ejercitar la acción de cesación de publicidad ilícita ante los Tribunales, previo requerimiento de cesación al anunciante, que no es preceptivo en aquellos casos en que se lesionen los derechos e intereses colectivos o difusos de los consumidores. En el ámbito extrajudicial, puede pedirse la intervención de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, que es gratuita para los consumidores y las asociaciones de consumidores.

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