Oportunidad perdida y van...

Salvador Plana

Presidente de la FAMP

La reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ha sido ratificada en el Senado dos meses después de que el Consejo de Ministros aprobara el correspondiente proyecto de ley y lo remitiera al Congreso para su tramitación parlamentaria urgente. El paso por el Senado ha servido para que, a través de enmiendas de su propio grupo parlamentario, el Gobierno introdujera algunos cambios que vienen a recoger el acuerdo alcanzado por los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas con una representación de la Ejecutiva de la FEMP, que prácticamente se reduce a garantizar que las entidades locales no disminuyan sus ingresos por la supresión del IAE.

Se ha perdido una oportunidad para afrontar desde el diálogo político una verdadera revisión y renovación del sistema de financiación de ayuntamientos y diputaciones provinciales. El Gobierno ha cumplido más con una promesa electoral que con la responsabilidad de acometer la reforma que desde los foros municipalistas se venía demandando, en la que no sólo había que hablar de dinero, sitio también, y de forma más destacada de competencias y servicios.

Ha sido una ocasión desperdiciada. Hurtar el debate con los representantes de las entidades locales y aplicar una reforma basada en la eliminación de impuestos no favorece el buen funcionamiento de la Administración pública más próxima al ciudadano. ¿Dónde ha quedado reflejado el tan traído y llevado Pacto Local? , ¿en qué artículo de la nueva Ley se habla de la redistribución de competencias o del reconocimiento de los servicios que muchos ayuntamientos prestan con fondos propios? , ¿por qué se deja prácticamente fuera de la tributación local a la telefonía móvil, el sector empresarial que más abultadas cuentas de beneficios presenta? , ¿qué va a pasar con las numerosas alternativas abiertas en la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles?

Pasarán varios años hasta que podamos volver a plantear el debate perdido. La financiación de las haciendas locales necesitaba cambios y reformas meditadas, discutidas y consensuadas, y no aprobadas de forma urgente para que entren en vigor en el ejercicio económico de 2003, año electoral y por tanto con poco margen de tiempo para la gestión.

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