Los costes del transporte suben un 3,5 por ciento

La evolución de los costes del transporte se mantienen por debajo de los índices generales de precios durante el periodo de octubre de 2001 a octubre de 2002.

La Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de la provincia de Huesca informa de que la evolución interanual media de los costes de explotación de los vehículos de transporte público en España ha supuesto un incremento del 3,5 por ciento, lo que representa un 87 por ciento sobre el IPC del mismo período que va de octubre de 2001 a octubre de 2002, que ha sido del 4 por ciento.

Así lo revela el Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera cuyos datos fueron analizados esta semana pasada por el departamento de mercancías del Comité Nacional de Transporte, en el que esta Asociación está representada, junto con las asociaciones de usuarios del transporte y cargadores, así como representantes de la Dirección General de Transportes por Carretera.

Teniendo en cuenta que los datos analizados por el Observatorio son medias sobre todo el territorio nacional, sin individualizarlas por comunidades autónomas, tres son las fundamentales conclusiones del análisis de los datos: por un lado la consolidación del sistema que permite ofrecer una serie histórica de la evolución de los costes en el sector del transporte público de mercancías por carretera.

En segundo lugar, para esta Asociación se pone de manifiesto que este sector no se puede considerar como responsable del incremento de los precios en general.

Además se establece la cifra de incremento de los costes del sector en un 3, 5 por ciento para conocimiento tanto de los transportistas como de los usuarios del transporte de mercancías de cara a evitar la pérdida de competitividad y rentabilidad de las empresas del sector en el futuro.

Recordar que el Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías está auspiciado por el Ministerio de Fomento e intervienen en su elaboración el Comité Nacional de Transportes y las principales empresas cargadoras, siendo su principal objetivo proporcionar elementos de juicio fiables a partir de los cuales las partes contratantes, en este caso empresas de transportes y usuarios o cargadores, puedan acordar libremente el precio que estimen más conveniente con la certeza de hacerlo sobre bases razonablemente contrastadas.