La sentencia por un caso de intoxicación será recurrida por la empleada afectada

En el 2000, una mujer demandó a la residencia de ancianos del Gobierno aragonés en la que trabajaba, por una presunta grave intoxicación a causa de la inhalación de un insecticida. Este jueves ha anunciado que pondrá un recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Social que ha desestimado su reclamación.

El tribunal oscense basa su decisión en la prescripción del plazo de un año que disponía la mujer para ejercer acciones legales contra las administraciones. El 10 de mayo de 1999 se reconocía su incapacidad, pero hasta el 4 de junio de 2000 no interpuso la denuncia.

Fernando De Miguel, abogado de la ex empleada añadió que "no podían caducar los plazos ya que cuando la mujer fue declarada incapaz, desconocía el posible origen de su enfermedad, y fue unos meses más tarde, cuando un especialista médico de Barcelona relacionó sus dolencias con el pesticida, fue entonces cuando se interpuso la demanda.

El abogado, que interpondrá este viernes su recurso ante el juzgado, comentó a este respecto que "se va a solicitar la nulidad de las actuaciones porque no es de recibo que se eludan cuestiones que se dieron por probadas y se incorpore sólo en el relato de hechos sólo la prueba que favorece a las administraciones" .

El Juzgado de lo Social de Huesca enjuiciará el próximo día 31 de este mes los casos de otras tres trabajadoras del mismo centro de atención a la tercera edad que demandaron a las administraciones central y autonómica por enfermedades presuntamente vinculadas al uso del plaguicida.

Por su parte, la juez encargada del caso descarta entrar a valorar la prueba aportada por las distintas partes personadas en el caso, el Instituto de Migraciones de Servicios Sociales (IMSERSO), que gestionó la residencia hasta su transferencia a la Administración autónoma, en 1996, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y el letrado de la denunciante. que reclamaba 600.000 euros de indemnización.

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