La DGA anuncia la inminente creación de la junta consultiva de contratación administrativa en Aragón

Así lo manifestó el Interventor General del GA, Alfonso Peña, en el curso de la UIMP Pirineos sobre ?Contratación de las Administraciones Públicas: análisis práctico de la nueva normativa sobre contratación pública?

Los expertos exigen en Formigal la trasposición de la directiva comunitaria de recursos a la legislación española

El Interventor General del Gobierno de Aragón, Alfonso Peña ha anunciado en la UIMP Pirineos la inminente creación de una Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que, con toda probabilidad, entrará en funcionamiento en enero del año que viene.

Coincidiendo con el inicio del curso sobre ?Contratación de las Administraciones Públicas: análisis práctico de la nueva normativa sobre contratación pública?, el representante del ejecutivo autonómico aragonés ha adelantado esta información a los científicos, que la ha acogido con gran interés, dado que desde hace tiempo venían reclamando la constitución de una junta consultiva de estas características.

Según uno de los directores del curso, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno Feliú ?la noticia nos ha sorprendido gratamente, porque, además, parece un modelo muy correcto, dado que incorpora todos los aciertos y evita los defectos de las juntas consultivas que ya existían en doce Comunidades Autónomas españolas?.

Esta Junta de Contratación Autonómica, pretende ser en Aragón un órgano pequeño, formado íntegramente por expertos, que no realizarán clasificación de contratistas y cuyos informes tendrán un carácter vinculante en algunas materias, lo que, a juicio de José María Gimeno ?garantiza que las cosas se van a hacer bien y ello, a su vez, generará un mayor clima de confianza entre los contratistas?.

Una de las principales novedades de esta junta consultiva reside en su novedoso diseño, pionero en España, dado que todos los miembros de la junta deberán ser personalidades de reconocido prestigio en el campo de la contratación pública. Presidida por el Consejero de Economía del GA, la junta estará formada por ocho expertos, de los que tres nombrará el ejecutivo autonómico; uno, la Universidad de Zaragoza; dos, la Administración Local de Zaragoza y dos, las confederaciones de empresarios de Aragón. A ello habrá que sumar la incorporación de un secretario, licenciado en Derecho.

Normativa comunitaria

En este curso sobre ?Contratación de las Administraciones Públicas: análisis práctico de la nueva normativa sobre la contratación pública?, que codirigen el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno Feliú, y el Director General de Fomento de Construcciones y Contratas, Vicente López-Ibor Mayor, los expertos han coincidido en la necesidad de que se trasponga la directiva comunitaria de recursos a la legislación española vigente.

En materia de contratación pública existe una normativa comunitaria, con ocho directivas, que regulan todo lo que puede comprar la Administración. Según José María Gimeno Feliú ?los contratos públicos suponen un 14% del PIB de la UE; de ahí la importancia de que el régimen de contratación pública garantice la concurrencia y la trasparencia, porque están en juego la eficacia de los fondos públicos?.

Las directivas comunitarias, vigentes desde la década de los 80, permiten regular todo lo relativo a los procedimientos y criterios de selección, de cara que a que se cumplan los principios del mercado interior europeo, como son el de concurrencia y el igualdad en el campo de la contratación pública.

En el curso de la UIMP Pirineos los expertos han coincidido en que ?el contenido de esas directrices son normas que se tienen que trasponer al ordenamiento español. Tiene que haber una ley española que incorpore esos principios. A veces esa trasposición no es correcta, tal y como ha sucedido en España con la de la directiva de recursos de las garantías que pueden tener los contratistas, lo que puede generar cierta indefensión del contratista y cierta ineficacia. Esta directiva de recursos pretende dar confianza a los contratistas sobre la corrección sobre los procedimientos de selección de cara a favorecer la competencia y evitar adjudicaciones de contratos sin que se hayan resuelto las posibles controversias acerca de la adjudicación de los mismos. En ausencia de trasposición estatal, las Comunidades Autónomas podrían realizarla para su ámbito competencial?.