Cartas al director: Administraciones complementarias

Salvador Plana, presidente de la FAMP

El proceso de puesta en marcha de las comarcas como nueva organización política y administrativa del territorio aragonés, unido a las manifestaciones expresadas por algunos dirigentes regionales, está sirviendo para que desde diferentes ámbitos se cuestione el papel e incluso la conveniencia de la existencia futura de las diputaciones provinciales.

Las Directrices Generales de Ordenación del Territorio, vigentes en Aragón, ya relegan las funciones de las diputaciones provinciales al considerarlas instituciones a las que consultar, pero no administraciones públicas con las que articular infraestructuras y políticas de equilibrio intermunicipal. Sin embargo, las mismas Directrices potencian el papel de comarcas y municipios como soportes de equipamientos para el servicio a los ciudadanos.

La Constitución española y la Ley de Bases de Régimen Local encomiendan a las diputaciones provinciales, como administraciones locales que son, la garantía del principio de solidaridad y equilibrio territorial, supliendo si es necesario las carencias y las deficiencias de los municipios.

En la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (FAMP) consideramos que ayuntamientos, comarcas y diputaciones provinciales son administraciones locales compatibles y complementarias, necesarias en un amplio territorio como el nuestro que sufre una gran atomización municipal y un importante desequilibrio poblacional. Por estas razones, desde la FAMP animamos a que en el ámbito legislativo autonómico se establezca un foro de discusión que profundice en el papel y las funciones que las diputaciones provinciales deben tener en la nueva configuración administrativa aragonesa.

Actuaciones como la asistencia técnica y económica a las actividades de los ayuntamientos, la creación de redes de gestión que favorezcan la economía a escala, o la intervención para hacer efectiva la suplencia local en situaciones de insuficiencia municipal manifiesta, justifican plenamente la utilidad actual y la pervivencia de las diputaciones provinciales.

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