La Red Natura 2000 puede hipotecar el futuro del campo

España es el país de la Unión Europea que mas territorio aportará a la Red Natura 2000 (red ecológica de Zonas Especiales de Conservación que se crea para garantizar la biodiversidad de los hábitats de flora y fauna calificados de interés comunitario), una aportación que supone mas del 40 por ciento de todo el territorio europeo que compone la red. En opinión de ASAJA, el Gobierno español, en un alarde de ?generosidad sin medida?, no ha valorado las consecuencias que esta decisión puede tener para la actividad socio-económica del sector agrario y que puede suponer hipotecar el futuro del campo español, sin ni siquiera conocerse las compensaciones que tendrán los habitantes de estos territorios.

El 34 por ciento del territorio español, casi 18 millones de hectáreas, será incluido en la Red el resto de países comunitarios se han mostrado mucho mas cautelosos. Así, Italia que es el segundo país en cuanto contribución a la red tan solo destina 5 millones de hectáreas, seguida de Francia con 2,7 millones de hectáreas y Alemania con 2,4 millones.

A falta de un año para que la Red Natura 2000 vea la luz, el Gobierno español aún no ha dado a conocer que parte de la superficie total de la Red se corresponde con Superficie Agraria Útil, cuáles serán las limitaciones que sufrirán los productores y cuáles las compensaciones.

Esta situación esta provocando incertidumbre y malestar entre los titulares de explotaciones agrarias ya que pueden resultar limitados para realizar las actividades agrícolas, ganaderas o cinegéticas tradicionales, así como sufrir pérdidas tanto económicas como en relación a los derechos de uso de la tierra.

ASAJA no se opone a la puesta en marcha de la Red Natura 2000, sin embargo considera que la conservación de los espacios naturales tiene un coste y el éxito de la Red depende de la creación de un nuevo instrumento financiero comunitario, suficientemente dotado, que permita poner en marcha Planes de Gestión de esos espacios, a través de programas o contratos voluntarios, consensuados con los agricultores afectados.

Desde ASAJA entienden que el coste de la conservación es tarea de todos consideran que tanto el ministro de Medio Ambiente como el Gobierno en su conjunto tuvieran esa visión de conjunto.